Veto a Ley de Fomento iría a debate del Pleno el 31 de julio

La Comisión de Desarrollo Económico comenzó a tratar ayer el veto a la Ley de Fomento Productivo en la Asamblea. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, explicó que el documento se debatirá esta semana en esta instancia. Añadió que espera que el informe esté listo para la discusión en el Pleno el próximo 31 de julio.

El documento, enviado por el Ejecutivo, contiene 66 objeciones. Para analizarlas, ayer acudieron a la Comisión el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade. ​ Según Patricio Donoso, asambleísta de Creo, las objeciones se debatirán en dos grupos.

Uno para los temas en los que hay consenso. Entre ellos, la inclusión del sector acuícola entre los beneficiarios para la exoneración de impuesto a la renta para nuevas inversiones. También mencionó el 0% de impuesto a los consumos especiales (ICE) para las cocinas a gas.

En el segundo grupo estarán temas en los que hay discrepancia, principalmente las normas macrofiscales, añadió Donoso. Mauricio Proaño, asambleísta de la bancada correísta, criticó que la reforma plantea que durante tres años no se tome en cuenta el límite legal de endeudamiento hasta llegar al equilibrio fiscal primario. “Quieren endeudarse más. Dicen que esperemos varios años para alcanzar equilibrio.

Van a dejar “la mesa” endeudada al próximo gobierno”, señaló. Martínez explicó que las normas buscan poner en orden las y añadió que, en vista de que el nivel de deuda ya sobrepasó el límite legal del 40% del PIB, “tomará tiempo volver a ese nivel”. De ahí que el veto mantiene la propuesta de alcanzar el equilibrio primario hasta el 2021. Martínez añadió que el Gobierno se propuso alcanzar esta meta recortando gasto superfluo. Para Albornoz, ese es un tema de preocupación.

Dijo que es necesario establecer garantías de que el recorte de gastos no afectará al sector social. “No permitiremos que se afecte el tema de salud, seguridad y educación”, comentó. Luego de ese período, cuando haya culminado el mandato de Moreno, en cada Presupuesto anual el Ejecutivo tendrá la obligación de presentar un plan de convergencia hasta que la deuda pública vuelva al 40%. La representante del SRI añadió que el veto pule algunos puntos relacionados a incentivos y a la remisión.

Detalló, por ejemplo, que no se considera oportuno que a los grandes contribuyentes que hayan tenido pérdidas se les conceda un plazo de dos años para acogerse a la remisión, como lo había planteado la Asamblea Nacional.

Fuente: elcomercio.com.ec

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