USD 13 892 millones vuelven a ser deuda

El Ministerio de Finanzas enviará al Ejecutivo el proyecto borrador para derogar el Decreto Ejecutivo 1218, que permitió al Gobierno anterior eliminar del cálculo de deuda pública compromisos con entes estatales y ampliar así su margen de endeudamiento. Richard Martínez, ministro de Finanzas, dijo que hoy lunes 21 de mayo de 2018 se prevé enviar el documento. El decreto, de octubre del 2016, dispuso que se tomase en cuenta solo la deuda consolidada para calcular el monto de endeudamiento público del 40% permitido por ley.

Con esta reforma legal, el anterior Régimen excluyó del cálculo de endeudamiento obligaciones del Estado con organismos públicos, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Corporación Financiera Nacional (CFN), entre otros. Carlos de la Torre, exministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno, había defendido la consolidación de la deuda, pues según él la deuda interna pública era como deberle a la esposa. “Con ella puedo arreglar de cualquier forma”.

La decisión del nuevo titular de Finanzas obedece a una de las disposiciones que emitió la Contraloría el mes pasado, en el examen especial que se hizo a la deuda pública. El ente de control concluyó que el nuevo método de cálculo permitió al anterior Gobierno disminuir artificialmente el monto de la deuda pública en 12 puntos. Hasta enero pasado, antes de que se emitiera el examen de Contraloría, Finanzas registraba un monto de deuda interna consolidada de apenas USD 889,4 millones.

Desde ese mes, el ente no había actualizado las cifras sino hasta el jueves pasado, cuando el titular de Finanzas presentó una cifra de deuda interna agregada, que hasta abril se ubicó en USD 14 782 millones. Con esto, USD 13 892 millones vuelven a constar en el ­cálculo de deuda interna. Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, dijo que la mayor parte de este rubro -USD 8 000 millones- corresponde a compromisos del Estado con la Seguridad Social, mientras que “unos USD 3 600 millones son por deuda proveniente de préstamos que hizo el Banco Central al Estado.

Son bonos de mediano y largo plazos”. Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el Gobierno nunca debió eliminar la deuda con el IESS, porque ese dinero es de los afiliados y jubilados. Cuando se aprobó este decreto, la deuda pública estaba en el 38,4% del PIB y se acercaba así al límite del 40% permitido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Según informe de Contralo­ría, eso permitió que se concre­tasen “nuevas operaciones de endeudamiento, sin observar el límite permitido por ley”. Ramiro Crespo, miembro del comité de veeduría del examen de Contraloría, explicó, además, que por la jerarquía de las leyes “no cabía que un decreto ejecutivo esté por encima de lo que dicta una ley, como el Coplafip”. Según Contraloría, el Decreto Ejecutivo se contrapone a lo dispuesto en el artículo 123 del Coplafip, que señala que el endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones y organismos públicos.

El Gobierno anterior sostuvo que la deuda consolidada se calculaba en función de las recomendaciones del manual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el organismo precisó el 20 de abril de este año que el método que usan no es el mismo que implementó el Gobierno ecuatoriano con el Decreto 1218.

Finanzas incluyó en su reporte de deuda, además, otros rubros relacionados con el sector petrolero, entre ellos las ventas anticipadas de petróleo, en cumplimiento de otra de las disposiciones de Contraloría en su informe. Además se incluyen compromisos por acumulación de contratos de prestación de servicios petroleros y pasivos corrientes de Petroamazonas.

Fuente: elcomercio.com

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