A punto de terminar su mandato y en pleno año electoral, la coalición de izquierdas uruguaya Frente Amplio logró el visto bueno del Parlamento para la primera reforma de las Fuerzas Armadas desde la llegada de la democracia a Uruguay. El proyecto, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en mayo, se convirtió en ley tras ser aprobado en el Senado en la noche del martes con los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente por 17 votos contra 31 y tras varios meses de tensiones con los militares.

La votación puso fin a toda una época ya que la ley vigente había sido adoptada en plena dictadura (1973-1985). En una sesión que se prolongó hasta altas horas en la Cámara alta, los dos principales partidos de la oposición, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado, votaron contra el cambio y el PN anunció que en caso de ganar las elecciones de este año derogaría la nueva ley. La formación alegó que el debate de la reforma no había sido suficientemente profundo y consensuado y desde el Partido Colorado indicaron que algunos puntos podrían ser inconstitucionales.

La medida más llamativa de la reforma es una reducción de mandos: el número de generales pasa de 16 a 12, el de coroneles de 197 a 130 y el de almirantes de 97 a 76. Este recorte supondrá un ahorro considerable, que se suma a la reforma de las pensiones militares, impulsada también este año por el Frente Amplio, debido al alto déficit de la Caja Militar. La reducción de las jubilaciones, que tendrá efecto real dentro en décadas, desencadenó fuertes tensiones con los oficiales y con la jefatura del Estado Mayor.

Otro gran cambio es la desaparición de los Tribunales de Honor, instancias de la justicia militar donde se pusieron en marcha varios procesos por los que se declaró la inocencia de militares que confesaron, delante de la corte, haber sido responsables de desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura. Estos casos, que salieron a la luz este año, provocaron la destitución del ministro de Defensa y del máximo jefe de las Fuerzas Armadas.

El Ejército uruguayo tendrá ahora Tribunales de Ética Militar, sometidos a la justicia civil. Uno de los capítulos más interesantes de la nueva ley es la supresión explícita de toda referencia a la Doctrina de la Seguridad Nacional importada de Estados Unidos en los años 70 y que definía que la misión del Ejército era luchar tanto contra enemigos externos como internos. Esa doctrina sirvió de base para la persecución de los grupos de izquierdas en toda Latinoamérica, sostuvo dictaduras y violaciones de derechos humanos.

Obediencia debida.

La reforma uruguaya define ahora el cometido de las Fuerzas Armadas como la «defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial y la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo». También subraya que esa defensa debe respetar los derechos humanos y estar sometida a la Constitución y a las leyes.

La ley suprime también la doctrina de la «obediencia debida» que esgrimían los militares para cumplir órdenes de los oficiales. A partir de la entrada en vigor de la ley, los soldados estarán obligados a obedecer a sus mandos, pero siempre dentro de la legalidad. «Ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución de la República y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales», señala el texto.

Ante la polémica y los bulos, el ministerio desmintió que vayan a reducir los servicios de sanidad, pompas fúnebres y ayuda social a los militares.