El acuerdo nuclear iraní se alcanzó en julio de 2015 en Viena tras maratonianas rondas de negociación entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE UU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), Alemania e Irán. Bajo el nombre de Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el objetivo del acuerdo era que Teherán frenara el enriquecimiento de uranio, un proceso que vale tanto para producir energía nuclear como armas atómicas. A cambio de una limitación y control del programa atómico, Irán obtuvo el levantamiento de las sanciones internacionales que perjudicaban a su economía. Hace un año, el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció la salida de Washington del pacto nuclear a pesar de la reiterada petición europea de continuar en el pacto.

Tras el anuncio de Washington, el presidente iraní, Hasan Rohaní, afirmó que Irán iba a continuar en el acuerdo e iba a negociar con el resto de firmantes para comprobar si se garantizaban sus intereses. Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania condenaron la retirada de EEUU del acuerdo y se comprometieron a continuar en el mismo siempre y cuando Irán siguiera cumpliendo con sus compromisos. Este miércoles, el Ministerio de Exteriores de la República Islámica anunciará una “disminución de sus compromisos” en el primer aniversario de la retirada de EE UU del acuerdo.

Desde entonces, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha ratificado en varios informes que Teherán cumple con sus obligaciones de no enriquecer uranio por encima de los límites permitidos, entre otras restricciones.

El pasado noviembre, Washington restableció las sancionesa la República Islámica. A pesar de las amenazas que había realizado Teherán desde la salida del pacto por parte de Washington, Irán decidió no abandonar el acuerdo nuclear tras la reimposición de las sanciones.

Europa reaccionó adoptando una serie de medidas para contrarrestar las sanciones estadounidenses, pero ninguna ha tenido el éxito esperado. En agosto, Bruselas prohibió a las empresas europeas secundar el boicot a la República Islámica, a través del llamado Estatuto de Bloqueo. En septiembre se anunció la creación del Instrumento de Apoyo al Intercambio Comercial (Instex, en sus siglas en inglés) para mantener el comercio con Irán sin violar las sanciones, pero todavía no ha sido empleado para ninguna transacción.

Las citadas medidas no evitaron que la mayoría de las empresas europeas presentes en Irán suspendieran sus negocios ante el temor a ser sancionadas por EEUU. Algunas de las compañías que dieron por concluidos importantes contratos o actividades fueron la petrolera Total, los fabricantes de automóviles PSA, Renault y Daimler, y de aviones Airbus, y numerosas empresas que vendían equipamientos para el sector energético iraní.

Las sanciones han tenido profundas consecuencias para la economía iraní. Incluso antes de que fueran aplicadas, la moneda nacional, el rial, comenzó a devaluarse hasta perder más de un 60% de su valor respecto el dólar. El desempleo y la inflación también han aumentado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía iraní iba a contraerse un 3,6% en 2019, y que la inflación superaría el 30%.