Tribunal suspende audiencia de casación en caso Petroecuador y entra en fase de análisis de los argumentos escuchados

Luego de casi siete horas de audiencia de casación dentro del proceso en el que se sentenció por el delito de cohecho relacionado con actos de corrupción al interior de Petroecuador, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia suspendió la noche de este miércoles la diligencia para analizar los argumentos que entregaron las partes. Aún no existe fecha para la reinstalación de la diligencia en la que se conocerá la resolución de los jueces nacionales.

Desde las 11:00 de hoy, el Tribunal integrado por Richard Villagomez (ponente), Daniela Camacho y Édgar Flores escucharon los argumentos de los 10 sentenciados en calidad de autores y cómplices de delito que ocurrió a la empresa pública Petroecuador. Todos presentaron el pedido de casación a la sentencia emitida por un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha, el cual les negó la apelación a la sentencia de primera instancia en este caso, a finales del 2017.

Entre quienes casaron la sentencia estuvo el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien fue sancionado a cinco años de cárcel y el pago de una reparación integral de casi $2 millones. Según la defensa del exfuncionario petrolero, Reynaldo Zambrano, el Tribunal debía aceptar la casación de la sentencia de su cliente, porque se ha aplicado indebidamente el artículo 280, inciso primero y segundo del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para Zambrano la norma aplicable era el artículo 285, inciso primero, del Código Penal anterior, que impone una pena de 1 a 3 años, es decir, una pena más favorable.

Entre los argumentos para pedir la casación también estuvo el que se aplicó de forma errada el delito para muchos de los procesados y que incluso se ordenó el pago solidario de una reparación integral sin siquiera existir un peritaje que revele técnicamente cuál habría sido el monto económico del daño ocasionado a la víctima: Petroecuador.

Humberto Guarderas, Arturo Escobar, Arturo Pinzón, Paquita de Mora, Jelice Herrera, Ramiro Luque, Glenda Meza, Sonia Calero y Andrés Baquerizo completaron la lista de quienes interpusieron la medida.

Fiscalía insistió en que en este caso existió un grupo de funcionarios públicos y contratistas petroleros que entregaron y recibieron dineros, crearon empresas offshore para mover recursos que provenían de la entrega de contratos relacionados con la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Fuente : eluniverso.com

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