Roberto Malta Ziadé, el hombre de 38 años que fue atropellado la madrugada del sábado 5 de septiembre en Urdesa, falleció una semana después de permanecer en coma en el hospital Luis Vernaza.
El deceso se confirmó a las 23:00 del sábado 12. Ese día en horas de la tarde tuvo varias complicaciones, pero los galenos lograron reanimarlo.
Sus amigos y familiares se expresaron con mucho dolor en redes sociales y subieron algunas fotos de Roberto.
“Solo te nos adelantaste un poco, allá nos vemos”, decía uno de los mensajes.
Malta fue atropellado por una mujer en supuesto estado de embriaguez cuando se subía a su auto estacionado en Costanera y Ficus.
Él salía de una reunión con una amiga, a quien iba a dejar camino a su casa, cuando fue arrollado.
La amiga de Roberto pidió ayuda a gritos y el resto de los allegados salieron rápidamente de la vivienda y llamaron al ECU-911.
Fue llevado en una ambulancia a varios hospitales hasta que finalmente lo recibieron en el Luis Vernaza.
La supuesta responsable, quien conducía un pequeño auto eléctrico y vive a menos de 100 metros del lugar del accidente, fue detenida en su vivienda.
Veinte horas después, la jueza Heidy Borja liberó a Kenny Solange A. F. con medidas sustitutivas puesto que la mujer habría demostrado que tiene casa en Guayaquil y un trabajo, por lo que asegura que no huirá de la justicia.
“Se le hizo un examen psicométrico que dio positivo, pero la conductora se negó a realizarse la prueba de alcoholemia”, explicó Fadul Mosquera, abogado de Flagrancia de la Fiscalía de Tránsito.
Él aclaró que la ley establece que cuando un conductor se niega a realizarse la prueba, se presume que tiene el grado más alto de alcohol.
Tras conocerse del deceso, la Fiscalía aclaró que el sábado 5 se solicitó la prisión preventiva, pero la jueza decidió otorgar medidas sustitutivas pese a las pruebas y videos.
La entidad añadió que el 10 de septiembre se solicitó fecha y hora para reformular cargos. Se cambiará el tipo penal a muerte culposa.
El abogado de la procesada, Jorge Haz, indicó que la mujer de 43 años está en su casa, que se presentará en la audiencia, que no huirá y que pagará los gastos médicos. Aseguró que se negó a realizarse la prueba de alcoholemia porque temía contagiarse de COVID-19.
El Consejo de la Judicatura emitió el domingo un comunicado informando que ya no se puede actuar de oficio sobre decisiones judiciales, como la de Borja, por una resolución emitida por la Corte Constitucional el 29 de julio de 2020.
