Sorprendido dice que quedó Juvencio B. cuando llegó desde Manabí a Guayaquil, este mes, para tramitar un préstamo quirografario en el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, pero no pudo hacerlo porque le dijeron que tenía deudas pendientes en una casa comercial.
“Ni conocía el sector de City Mall (un centro comercial del norte de Guayaquil) donde supuestamente he sacado un combo de lavadora y refrigeradora”, asegura Juvencio.
La deuda es por $ 1.933, según consta en la denuncia planteada en la Fiscalía el 9 de julio pasado. La compra del combo se habría hecho el 29 de agosto del 2017, luego de que el 13 de julio de ese mismo año Juvencio había denunciado la pérdida de la cédula. Él es una de las víctimas del delito de suplantación de identidad. Desde agosto del 2014 hasta mayo pasado se registran 12.559 querellas en la Fiscalía por esa infracción penal, más 8.362 por falsificación y uso de documento falso.
A la Defensoría del Pueblo llegan casos que implican la vulneración de algún derecho, indica Marco Pacheco, coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, Durán y Samborondón.
La entidad registra a nivel nacional, desde el 2014, 64 casos de personas que se enteran de la suplantación de la identidad cuando tienen juicios de coactiva por deudas, un buró de crédito negativo o les han bloqueado fondos de sus cuentas bancarias.
“Si es que la entidad pública o privada que está cobrando no quiere entregar la documentación de la compra, entonces se impide acceder a documentos o bases de datos sobre mi persona y eso es un derecho constitucional que se estaría vulnerando. Si se ha peticionado que se aclare, amplíe y no dan respuesta es posible que se vulnere el derecho de petición”, explica.
Entre los casos hay una denuncia que se deriva de una telefónica pública ya cerrada. La afectada afirma que en 1998 se determinó que una línea telefónica a su nombre funcionaba en una dirección donde había un bypass. La perjudicada creyó que el problema estaba solucionado, pero en junio del 2014 le bloquearon los fondos de su cuenta bancaria por los hechos ocurridos hace 16 años debido a un juicio coactivo.
“En ocasiones planteamos acciones de habeas data contra las empresas que se niegan a entregar la documentación”, dice Pacheco. Además se establecen medidas de reparación como la anulación de los procesos coactivos y la devolución de los valores retenidos, de ser el caso, tras las investigaciones de la Fiscalía y la Defensoría.
De ahí la importancia de acudir a estas entidades a denunciar cuando hay un caso de suplantación o de falsificación de las firmas en los contratos.
Víctor González, fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes en Guayaquil, asegura que una de las modalidades es la imitación de cédulas de identidad: “Ahora en la mayoría de los casos utilizan los datos de las personas que muchas veces están en internet y elaboran una cédula”, manifiesta.
Parte de la responsabilidad, dice Pacheco, recae también en las empresas que tienen que mejorar sus protocolos de seguridad al momento de dar los créditos.
Casos
Retención de valores
Quejas
A Marco Pacheco, coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, Durán y Samborondón, le preocupa el inicio de juicios coactivos con retención de valores en las cuentas bancarias. “En el caso de las pensiones de montepío jubilares la Constitución es clara, se prohíbe la retención o embargo aun si el deudor efectivamente contrató el servicio”.
Fuente: eluniverso.com
