En segunda instancia, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas recibieron ayer un nuevo revés judicial dentro del caso Sobornos.
Los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán, de la Corte Nacional, les negaron a ambos la apelación interpuesta y les ratificaron la sentencia de ocho años de cárcel por ser autores mediatos por instigación del delito de cohecho pasivo propio agravado que habría ocurrido entre los años 2012 y 2016.
Además, la parte proporcional que Correa y Glas deberán pagar dentro de la reparación integral de la causa será $778 224,01 y solo perderán los derechos de participación por el tiempo de su condena, es decir ocho años, y ya no por los 25 que ordenaron en primera instancia, el 7 de abril pasado, Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela.
El Tribunal de Apelación instalaba la diligencia no sin antes observar la “mala fe procesal” de uno de los abogados de Rafael Correa para intentar dilatar la audiencia.
A Jacho, como presidente del Tribunal, le tomó casi una hora y media instalar la diligencia y poco más de cuatro dar lectura a una resolución unánime, que también ratificó la sentencia de ocho años y la calidad de coautores de exfuncionarios públicos cercanos al correato como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, Christian Viteri y la actual asambleísta Viviana Bonilla.
El Tribunal negó de forma unánime los recursos de 16 procesados, aceptó parcialmente el recurso de apelación de Mera y Solís, en relación con la pérdida de los derechos de participación por el tiempo de 25 años, y aceptó parcialmente los recursos de la Procuraduría General del Estado, de Laura Terán y del empresario Alberto Hidalgo.
Pamela Martínez pese a la cooperación eficaz dada a Fiscalía se quedó con una pena reducida de tres años y dos meses de prisión en calidad de coautora.
Luego del pedido de la Procuraduría, como acusadora particular del caso, para que se defina el monto que cada uno de los procesados debía pagar de los $14,7 millones señalados como reparación integral, los jueces definieron que al igual que los autores mediatos, los coautores y los autores directos deberán cancelar cada uno $778 224,01.
El juez ponente Jacho en su lectura refirió que Rafael Correa, en el ejercicio del máximo poder público, con la finalidad de “perpetuar” a su movimiento en el poder político a nivel nacional y seccional, en su calidad de líder de su agrupación política, “instigó y aconsejó a su selecto grupo de funcionarios públicos afines a su gobierno, personas de su confianza”, para que “acepten ofertas o promesas, reciban dones o presentes de un grupo de empresarios”.
El Tribunal asegura que la conducta del expresidente en este caso fue activa y de ninguna manera neutra, que él tenía pleno conocimiento de todo e, incluso, habría recibido parte de los valores económicos producto de las ofertas o promesas dadas por los empresarios. Los integrantes del Tribunal se referían al depósito de $6000 en la cuenta personal de Correa.
Para los jueces de apelación, la contraparte a las entregas de dinero en efectivo y mediante cruce de facturas de los empresarios era que el funcionario público ejecute actos “manifiestamente injustos” al abstenerse de ejecutar actos de su obligación relacionados con la contratación pública.
Con el fin de consolidar el sistema de sobornos, explicó Jacho, se habrían cometido delitos como tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
A los empresarios Víctor Fontana, Rafael Córdova, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips el Tribunal les ratificó su estado de culpabilidad como autores directos y su pena a ocho años de cárcel.
Únicamente el empresario Alberto Hidalgo tuvo una modulación en su sentencia y en lugar de los ocho años de cárcel y su calidad de autor directo, se le definieron 32 meses de prisión al ser definido como cómplice.
Finalmente, Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República y la Corte Constitucional, recibió una reducción aún mayor a la ya impuesta en la sentencia de primera instancia. Jacho, Muñoz y Terán acogieron el planteamiento inicial de Fiscalía y le redujeron la pena en un 90 %, es decir, ya no pagará una sentencia de 19 meses y seis días, sino solo tres meses y seis días de cárcel, los cuales ya cumplió, pues pasó casi seis meses detenida.
Según la resolución oral, los cómplices deberán pagar $368 632,43 cada uno, como parte de la reparación integral dispuesta. Aunque se aceptó la suspensión de los derechos de participación por el tiempo que dure la sentencia dispuesta para cada uno y no los 25 años, debido a la apelación de Mera y Solís, la medida por orden del Tribunal se aplica a todos los procesados.
