El proceso electoral para los comicios generales de febrero del 2021 avanza con «retrasos», y uno de los puntos clave que facilitará su desarrollo es aún desconocido: el presupuesto.
El 12 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se declaró en periodo electoral y cuatro meses después, el presupuesto y el plan operativo se manejan en reserva.
El consejero José Cabrera evidenció su preocupación en una sesión del 21 de julio, al describir que la institución enfrenta una «situación delicada».
«Las empresas de seguridad están pidiendo que se termine unilateralmente el contrato porque el Ministerio de Finanzas no ha pagado. En el caso de los medios de comunicación, en la provincia de Sucumbíos me informaban que será imposible colaborar en este proceso electoral porque desde el 2019 no se les paga, los mismos funcionarios de la Función Electoral no han cobrado sus salarios de junio», dijo.
Reconoció la urgencia de definir el presupuesto para saber si habrá o no recursos para realizar las elecciones.
Es fundamental conocer el presupuesto y presentar al ministerio y saber si vamos a contar o no con el dinero o con qué cantidad se va a poder trabajar. Pero si esta situación la seguimos dilatando, porque incluso los contratos no van a alcanzarse, los proyectos que tenemos para el proceso electoral estamos muy atrasados, y a mí me preocupa», José Cabrera, consejero electoral.
Meses atrás, las estimaciones que anunciaba la presidenta del CNE, Diana Atamaint, bordeaban los $145 274 411, y luego se ajustó a $123 millones.
Este rubro es mayor a las elecciones generales del 2017, para las que se destinaron $110 737 145.
En todo caso, el rubro final deberá acordarse con el Ministerio de Finanzas, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19 y evitar que los actores que intervienen en el proceso se contagien.
Una primera acción fue la aprobación de la actualización de las directrices generales que se aplicarán el día del sufragio.
Lo planificado es que los biombos para las Juntas Receptoras del Voto (JRV) deberán ser de plástico, acrílico, policarbonato para poder desinfectarlas, y para contratar la elaboración de este material deberán seguirse las recomendaciones establecidas por organismos de salud, COE nacional.
Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se emitió un manual para efectuar elecciones en el contexto del COVID-19 y se alerta, por ejemplo, que hasta el momento «se ha podido identificar que el coronavirus puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón, condiciones a tener en cuenta en los momentos de interacción entre el personal y los materiales», según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En ese contexto, la OEA recomienda que se exhorte a los electores y a los miembros de las JRV a llevar sus propios esferos para votar y firmar. O que haya lápices por mesa de votación y que sean desinfectados cada vez que se los utilicen.
Los integrantes de las JRV, los delegados de partidos políticos, los electores, los observadores electorales deben mantener la distancia y llevar su mascarilla.
Deberá disponerse de kits sanitarios con desinfectantes, alcohol en gel, toallas descartables, jabón, máscaras quirúrgicas, incluso para aquellos electores que lleguen a un recinto sin su mascarilla propia.
Otra sugerencia es que se consulte a fabricantes, expertos y autoridades de salud sobre los riesgos de la tinta indeleble. Esto para evitar contagios cuando un elector apoye el dedo directamente en la tinta. «Una opción es utilizar cotonetes, que sean desechados luego de cada uso o con un gotero manchar el dedo sin tocar la piel».
El organismo electoral, según la OEA, debe analizar la posibilidad de separar un rubro de lo que se destine para la campaña electoral para las organizaciones políticas para proveer de kits sanitarios.
Considerar definir horarios exclusivos al inicio de la jornada para acudir a sufragar a las personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Para evitar aglomeraciones, que se reduzca la cantidad de electores por JRV. Aunque el CNE decidió mantener 350 electores por junta, pero se aumentarían los recintos electorales.
Falta definir las medidas sanitarias que se aplicarán en las etapas de armado de los kits electorales, traslado hacia los recintos, cómo se efectuará el escrutinio. Además de que aún no se cuenta con los protocolos para el voto de las personas privadas de la libertad, de los miembros de la fuerza pública y el voto en casa.
Por lo pronto, Atamaint aprobó el inicio de dos contrataciones por régimen especial.
Un contrato se adjudicó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por $165 198 para el servicio de transmisión de datos entre la matriz y las 24 provincias, el Registro Civil.
Y un segundo que está por adjudicarse, por un valor referencial de $85 000 para optimizar, acelerar y proteger las aplicaciones web, correo y portal web, que consiste en la renovación de suscripción de la red de distribución de contenido (CDN). (I)
Cambios de personal en puestos estratégicos.
Los nuevos rostros en puestos clave del Consejo Nacional Electoral (CNE) son motivo de discrepancias entre los cinco consejeros.
Entre mayo y julio la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, dispuso la renovación de unos cinco funcionarios de las coordinaciones y direcciones nacionales.
Uno de esos puestos es la Dirección Nacional de Procesos Electorales, para lo que se contrató a Martín Pineda Quimbiulco, excandidato a concejal de Quito en las seccionales del 2019 por Alianza PAIS. Su participación en esa tienda política se remonta desde cuando era liderado por el exmandatario Rafael Correa.
Meses atrás, Pineda venía desempeñando actividades como coordinador de Juventudes, y asesor en la Prefectura de Pichincha y ahora estará en el despacho que ocupó meses atrás Luis Loyo, ahora procesado por el delito de asociación ilícita, que llegó al cargo por recomendación de la consejera Esthela Acero.
Otra nueva contratación es la de María Gabriela Tacle Vaca, en la coordinación nacional de Procesos de Participación Política.
Tacle, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), se dedica a la organización y promoción de eventos, exposiciones comerciales o empresariales.
Incluso había sido invitada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para participar en la contratación de servicios de comunicación. El contrato ascendía a $1,4 millones, pero no se le adjudicó.
A la dirección Nacional de Capacitación se ascendió a Mario Barragán Álvarez, que fue asesor del exasambleísta de Pachakitik, César Umajinga.
Llegó al CNE en el 2018, y ha sido asesor, miembro de la Junta Provincial Electoral de Bolívar en las seccionales del 2019 y pasó a ser analista de capacitación electoral.
Como directora de Talento Humano también se informó de la designación de Janeth Fajardo Gallardo, que en el 2014 se desempeñó como gerente institucional de la Secretaría de Administración Pública, en el gobierno de Correa. También ha estado en Celec y el Ministerio de Trabajo.
Como director nacional de Infraestructura Informática se designó a Diego Lasso Villalta, que ha ocupado cargos en los ministerios de Desarrollo Social, de Industrias, de Patrimonio, también en la Servicio Nacional de Contratación Pública.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, expresó su preocupación de que a menos de siete meses de que se realicen las elecciones «se reemplacen funcionarios en áreas delicadas, importantes y estratégicas», y que no tengan experiencia en material electoral.
El consejero José Cabrera en la sesión del 21 de julio le respondió que «son muy pocos los técnicos que tienen experiencia o han estado años en la función electoral, y si es que algún técnico lo ponemos al frente ya sabemos las críticas. La función electoral no se aprende en las universidades», le dijo.
El CNE está integrado por seis coordinaciones nacionales y 21 direcciones.
