PERIODISTAS DEJAN SU TRABAJO POR PRESIÓN DEL GOBIERNO DE EVO MORALES.

Los periodistas Juan Pablo Guzmán, con 16 años de trayectoria en medios, y Erwin Valda, que se desempeñaba como conductor del programa Pares Opuestos de la radio televisión Imperial, de la ciudad de Potosí, han coincidido durante la misma semana en usar sus cuentas de redes sociales para anunciar que dejan sus espacios y en denunciar que hay presiones a comunicadores críticos con autoridades del gobierno.

Con Guzmán y Valda crece la lista de periodistas que han tenido conflictos con el oficialismo boliviano. Jhon Arandia, Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Carlos Valverde, Gonzalo Rivera y Galo Hubner son los que hicieron conocer públicamente dificultades para ejercer su profesión. También algunas organizaciones de prensa de Bolivia han denunciado en diversas circunstancias «asfixia económica«. Otro de los momentos de mayor tensión se dio después del referéndum que perdió el gobierno el 21 de febrero de 2016. Algunos ministros denunciaron una supuesta conspiración mediática contra Evo Morales y la existencia de un «cártel de la mentira» constituido por influyentes diarios y una agencia de noticias.

Los dos nuevos casos de periodistas que hacen público su malestar se difundieron en la misma semana en la que el Gobierno anunció un acuerdo para flexibilizar normas que obligan a los medios a difundir leyes, campañas de lucha contra el racismo y otras de contenido preventivo. La posesión a comienzos de año del nuevo ministro de Comunicación, Manuel Canelas, ha intentado marcar un punto de inflexión en la tensa relación del Gobierno especialmente con los medios considerados críticos a la gestión de Evo Morales. Por ejemplo, algunos directores de diarios destacaron un encuentro que tuvieron hace unas semanas con la autoridad en la Casa Grande del Pueblo, lo que no había ocurrido en toda una década, marcada al comienzo de la gestión gubernamental por la percepción del presidente de Bolivia de que la mayor parte de los medios privados eran sus «opositores».

Entrevistas  «acordadas».

A pesar de la distensión y la reapertura de relaciones conseguida sobre todo por el nuevo ministro de Comunicación, el periodista Juan Pablo Guzmán sorprendió con su texto en el que asegura que gran parte de la agenda periodística del país se define en esa cartera gubernamental.

«La agenda informativa surgía antes de la inquietud periodística, orientada por la novedad y el interés social…Hoy gran parte de la agenda se la define en el Ministerio de Comunicación, que hay que reconocerlo, organiza hábilmente todos los días los temas a posicionar en algunos medios, los entrevistados, la ayuda memoria para estos y hasta las preguntas para los entrevistadores. Hoy no hay nada que aterrorice más a muchos medios que la queja de alguna autoridad o de un oficialista por haber sido incomodado en una entrevista«, sostiene Guzmán, que dirigió antes espacios y equipos de prensa de la red televisiva ATB, del ex Telesistema Boliviano, de la Red Uno, del diario El Día y de la red Bolivisión.

El periodista reconoce que hay «personalidades inteligentes en el oficialismo» que responden con tranquilidad y conocimiento en las entrevistas, pero la mayoría está acostumbrada a la lisonja periodística y llama a los encargados del medio a quejarse del «maltrato».

Con Guzmán coinciden de alguna manera los periodistas Raúl Peñaranda y Andrés Gómez, dos de los que han sido señalados por el Gobierno frecuentemente como opositores. «El ministerio de Comunicación define la agenda del Gobierno y gran parte de los periodistas hace suya esa agenda, ya sea por afinidad política, por orden de los dueños de medios, por disposición de sus jefes, por falta de agenda propia, por flojera, porque creen que solo los ministros y viceministros hacen noticia, por presión indirecta desde el Gobierno a través del uso arbitrario del dinero público para premiar o castigar a medios y a periodistas», dice Gómez, que creó su propia página web Rimaypampa.

Para Raúl Peñaranda, que también hace periodismo desde su portal Brújula Digital, hay agendas concertadas y entrevistas muy amables. «El ministerio de Comunicación tiene la capacidad de influir en la agenda de los medios. Sin embargo, en el periódico Página Siete, que es en el que he trabajado, la agenda no se ha definido en ese ministerio, por lo que se lo ha tratado de asfixiar económicamente. Hay algunos medios cuyos espacios de propaganda son un 90 por ciento oficiales. Esos están controlados por el ministerio y la Vicepresidencia. Afortunadamente no he trabajado en alguno en el que la agenda esté manejada por el Gobierno. Mi portal es pequeño y no recibe propaganda oficial«, explicó .

Cecilia Dorado, jefa de redacción del diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra, dice no estar en condiciones de afirmar que el Ministerio de Comunicación intenta definir la agenda de los medios. «Sin embargo, existen autoridades de los diferentes niveles de gobierno local, regional y nacional, que a veces intentan dirigir el contenido de las notas y entrevistas y es ahí donde entra en juego la ética periodística».

Sobre el mismo tema, Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, que aglutina a los ejecutivos de los periódicos de Bolivia, destaca el valor ético del periodista Juan Pablo Guzmán y lamenta si es que el supuesto control de la agenda estaría sucediendo en un segmento de los canales de televisión. «Los medios impresos, a los que represento, han denunciado permanentes agresiones verbales de funcionarios a periodistas que formulan preguntas críticas, la negativa a otorgarles entrevistas y permanentes reclamos a través de cartas que cuestionan la libertad de interpretar noticias. Estos últimos casos se presentan con frecuencia en el área económica. Los periodistas de diarios siguen indagando, investigando y profundizando temas de interés colectivo, aunque se dificulta el acceso a la información en varias carteras ministeriales. La ANP reitera su reclamo para el cumplimiento del Decreto de Acceso a la Información 28168 de mayo de 2005″.

Luz Marina Canelas, directora del diario Los Tiempos, de Cochabamba, es categórica cuando asegura que en su medio la agenda no la define el ministerio de Comunicación. «Trabajamos con agenda propia, aunque la coyuntura amerite seguimiento. Lo que ocurre de manera permanente es que ante publicaciones críticas o que cuestionan al Gobierno, llegan cartas inmediatas de respuestas del ministerio que piden aclaración o derechos de réplica, incluso a columnas opinativas. Desde el principio, los medios críticos han sentido el rechazo del oficialismo, incluso para responder en las conferencias de prensa. El año pasado fue más contundente esta postura, ahora ha bajado y lo relaciono con la época preelectoral. En el tema de la publicidad, ningún aviso y separata circulan, sino en los medios que el Gobierno considere«, agrega.

Se «tritura» a los periodistas críticos.

Una de las afirmaciones más duras de Juan Pablo Guzmán se refiere a que ahora hay en Bolivia «una sistemática política de triturar, hasta extinguir, a todo medio o periodista crítico«, a diferencia del tiempo pasado en el que lo máximo que generaba el recelo del poder era «intimidación».

Raúl Peñaranda coincide con Guzmán en el diagnóstico. «Varios periodistas críticos han quedado fuera de los medios tradicionales. Carlos Valverde tuvo que irse del país, están también Amalia Pando, Andrés Gómez, y a Jhon Arandia le ha costado reintegrarse. Además no debemos olvidar a Gonzalo Rivera, que ha tenido muchas dificultades para mantener su posición editorial en la radio Líder. Hay campañas, agresividad verbal de las autoridades, amenazas de juicios y asfixia económica«, añade.

Andrés Gómez también explica diversas acciones contra medios y periodistas críticos. Cita un estudio de 2014 que evidencia que tres redes de televisión supuestamente afines al Gobierno recibieron en ese año más del 55 por ciento de la propaganda de instituciones y empresas estatales.

También menciona las «descalificaciones y calumnias» del Gobierno contra los periodistas como el calificativo de «cartel de la mentira». Asegura que se usa el Servicio de Impuestos para presionar a los medios, se señala de «vendepatria» al que hace preguntas incómodas, se presiona a los propietarios de medios para evitar que contraten o para que despidan a periodistas que investigan y se hace uso arbitrario de la Autoridad de Telecomunicaciones.

En su caso personal, testimonió que cuando era director de la red Erbol el Gobierno prohibió contratos de propaganda con su medio y que presionó a las ONG para que no financien sus proyectos y a los empresarios privados para que no pauten publicidad en la radio de La Paz. «También sufrí presión indirecta para echar a la periodista Amalia Pando y, cuando realizaba un programa en la radio Compañera, la ministra de Comunicación de entonces emplazó al dueño de ese medio: ¿Publicidad o Andrés Gómez?».

Cecilia Dorado, del diario El Deber, coincide en que en los últimos tiempos surgieron denuncias de periodistas sobre diferentes tipos de presiones, lo que no es ajeno a lo que sucede en otros países de la región.

«Históricamente los periodistas hemos sido la pregunta incómoda para el poder y es evidente que las autoridades tratarán, de una u otra manera, de mostrar la realidad desde el ángulo que les parece más conveniente», resalta.

Nuevo ministro, en un año electoral.

«¿Cuánto ha mejorado o puede mejorar la relación del Gobierno y los medios con un nuevo ministro en un año electoral?», ha sido la pregunta a algunos periodistas, a propósito de iniciativas del recientemente posesionado Manuel Canelas, que se reflejan en una actitud menos confrontacional y en el acercamiento evidente a periodistas o medios considerados críticos.

Marco Dipp, presidente de la ANP, destaca que su institución batalló durante ocho años por la supresión de los avisos gratuitos impuestos en 16 normas y el nuevo ministro Manuel Canelas mostró apertura para estudiar los reclamos. «El Gobierno anunció que suprimirá esta política que llega en un tiempo previo a las elecciones, pero no es una concesión en dinero. Por el contrario, es el fin de un capítulo de pérdidas cuantiosas de recursos, sobre todo de los medios impresos. La ANP espera un mejor escenario para el trabajo periodístico de los medios privados e independientes. Tenemos aún temas pendientes que esperamos revertir en la agenda de diálogo que hemos abierto».

En cambio, Andrés Gómez cree que la situación no ha mejorado y que el reciente acuerdo es parte de una estrategia electoral para aparentar diálogo, respeto a la libertad de opinión y evitar la imagen de asfixia económica a los medios. «En este tiempo electoral montarán un teatro para actuar como defensores del derecho a la información y aparentar democracia. Si logran quedarse a toda costa, temo que acabarán con el periodismo, como Maduro en Venezuela y Castro en Cuba«.

Cecilia Dorado, de El Deber, opina que el ministro Manuel Canelas se ha mostrado cercano a los medios y a los periodistas, lo que contribuye a su gestión, pero el tiempo dirá qué resulta de ese proceso. «Seguro en la etapa electoral surgirán denuncias, acusaciones, filtraciones, desmentidos, noticias falsas y demás, lo que será un termómetro para medir cuán complicado resulta ser periodista en Bolivia».

Luz Marina Canelas, de Los Tiempos, destaca que tuvo una reunión con el ministro Canelas y lo vio una persona interesante, bien formada, y con actitud para escuchar y debatir. «Ojalá que su línea no sea solo una cortina. El Acuerdo entre la ANP y el Gobierno sobre la publicidad obligatoria de leyes es un avance importante. Esperamos que no sea una medida electoralista sino una señal de madurez. Hay que esperar otras señales. Imagino que este periodo será de una relación más blanda. El resto depende de la repostulación de Evo Morales y de los resultados electorales».

Infobae envió un cuestionario por la vía digital al ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y no obtuvo respuesta.