PÁRROCO DE GUÁPULO ESTÁ PRESO Y ES INDAGADO POR ABUSO SEXUAL.

En Guápulo hay preocupación. El párroco de ese barrio quiteño fue detenido el fin de semana, luego de que sus vecinos lo denunciaran ante los policías por una supuesta agresión sexual a una niña.

Ayer 4 de febrero del 2019, policías recorrieron la zona y se ubicaron en las calles Francisco Compte y Juan De Toro. La noche del sábado, una turba golpeó al religioso precisamente en ese lugar. En medio del tumulto, los moradores señalaban al párroco, porque supuestamente tocó las partes íntimas de una menor de 10 años y porque habría tratado de besarla. Los agentes rescataron al sospechoso.

El subteniente Alejandro Gordón, jefe del Subcircuito Itchimbía 1 de la Policía Nacional, recuerda que hubo golpes, pero que de inmediato dialogaron con los vecinos, para calmarlos y capturar al religioso. “La madre de la niña manifestó que hubo ciertos roces en las partes íntimas y al existir la denuncia se procedió a la aprehensión”, indica Gordón. Con la voz entrecortada, un familiar de la niña solamente dice que espera justicia.

Una de las vecinas, que vive 65 años en el sector, llora al recordar lo sucedido. “Me sentí muy mal, porque no quisiera que a nadie le suceda ese tipo de cosas. Nosotros somos madres y tenemos que cuidar a nuestro barrio”. Después de lo ocurrido, para las 16:00 se convocó a Cabildo Ampliado de Guápulo, pero se postergó para las 19:00. Finalmente no se produjo por pedido de los allegados de la niña. Tras ser sometido a una audiencia, los jueces dictaron prisión preventiva en contra del aprehendido.

El anuncio lo hizo la ministra del Interior, María Paula Romo. “Habría agredido a dos hermanas de 10 y 14 años (…) Sociedad y Estado vigilantes para que se den las más duras sanciones para los agresores sexuales”. ​ Eso también quieren los parientes de Diana Carolina, la joven asesinada en Ibarra; los allegados de Martha, agredida sexualmente por tres personas; los familiares de Evelyn, violada por un taxista; los representantes de Gloria, también violentada en un taxi. Todos los casos llegaron a las oficinas judiciales.

El mes pasado, la Fiscalía recibió 10 denuncias diarias de violación, 14 por abuso y tres por acoso en el país. Los investigadores han recibido quejas por ocho tipos de delitos sexuales. Entre enero del 2017 y enero del 2019, en los despachos fiscales están acumulados 24 680 denuncias, que no han pasado la etapa de investigación reservada. Los expedientes están apilados unos sobre otros en el escritorio de la fiscal de género Consuelo Tipán. Uno de los casos que ella maneja es el de Martha.

La investigación de esta causa se cerrará el 13 de febrero. Ayer, en la Fiscalía de Pichincha se realizaron nuevas diligencias, como la ampliación de versiones al padre de la joven y a una de las amigas. Solo en el despacho de Tipán hay 5 000 investigaciones pendientes y a diario llegan más. La funcionaria dice que por la sobrecarga de trabajo no ha podido revisar ni las carpetas que ingresaron hace dos años. En el 2014, una niña de 3 años fue víctima de un delito sexual. Su madre trabajó dos años como empleada doméstica en una casa. El jefe les construyó un cuarto para que vivan ahí. Incluso cuidaba de la niña. Pero un día, él le pidió que comprara víveres en el mercado y cuando regresó vio a su hija acostada en la cama.

La madre dice que observó al hombre mientras le tapaba los ojos y le topaba las partes íntimas. Ese día, la mujer lo denunció en la Fiscalía de Santo Domingo. Los agentes dijeron que se trataba de un atentado contra el pudor. Según el Código Penal anterior (art. 504), ese ilícito se paga con cárcel de cuatro a ocho años. Cinco años después, el caso sigue en fase inicial de la investigación, pues cuatro fiscales que tomaron el expediente aseguran que no hay pruebas para seguir. La fiscal general (e), Ruth Palacios, dice a este Diario que los despachos de las fiscalías provinciales están abarrotados de denuncias. “Las unidades de violencia de género manejan entre 4 000 a 8 000 expedientes”. Asegura que este año, el Gobierno ha destinado más recursos para estas unidades.

En el 2012, en la Fiscalía de Pichincha había cuatro unidades especializadas en género. Ahora hay 19. Los funcionarios coinciden en que la carga de trabajo es “muy fuerte”. Los familiares de Diana Carolina quieren que el crimen no quede en la impunidad y que se agiliten las indagaciones. Ayer, a las 16:00, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea recibió a los parientes de la chica. La idea fue contar detalles de lo ocurrido el día del ataque, para que se elabore un informe. Allí, los allegados pidieron que este femicidio sea considerado como un crimen de Estado.

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