Papeles de Panamá atan cabo suelto del caso Petroecuador

La empresa Murfield Investment Trading Corp. es un cabo suelto en las investigaciones por el esquema de sobornos en el caso Petroecuador.

Según las autoridades ecuatorianas y panameñas, esta compañía pagó $ 1,22 millones a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, y $ 606 mil a Juan Andrés Baquerizo Escobar, contratista de la petrolera, en diversas cuentas en Panamá. Sin embargo, se desconocía a quién pertenece.

La segunda parte de los Papeles de Panamá da pistas sobre Murfield Investment Trading Corp. Los documentos señalan que Frank Chatburn Ripalda fue el intermediario que pidió al bufete panameño Mossack Fonseca (MF) registrar a Murfield Investment en Islas Vírgenes Británicas.

La firma era representada por Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd. y como la accionista única, que poseía los $ 50.000 de capital, constaba Cobrefic.

Se trata de Cobranzas Eficientes S.A. Cobrefic, firma ecuatoriana cuyos socios son desde el 2015 Juan Sebastián Espinoza Calderón y Frank Chatburn Ripalda, con una inversión de $ 400 cada uno.

Entre 2010 y abril del 2015, la mayoría de acciones eran de Espinoza Calderón, quien está acusado por la Fiscalía de Panamá de lavado de activos. En Ecuador no es parte de ningún proceso judicial, pese a que ya hay varios sentenciados por el caso Petroecuador.

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, esta empresa no ha presentado sus balances desde el 2016. En su última información consta como presidente Eladia Sánchez, afiliada al Seguro Social como empleada doméstica de Espinoza Calderón.

La dirección y correos de Cobrefic son los mismos que Galacredi S.A., otra empresa de la que son socios Chatburn y Espinoza. Este Diario intentó contactarlos para obtener una declaración, sin resultados.

Más que por el caso de Petroecuador, los Papeles de Panamá demuestran que las alertas en Mossack Fonseca se encendieron por una decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que a mediados del 2016 sancionó a los socios de la compañía Biscayne Capital en Florida, donde tenía participación Frank Chatburn.

Debido a que Biscayne aparecía como el primer intermediario para el registro de varias empresas, que luego eran manejadas por Chatburn, MF comenzó una serie de procesos internos para cruzar información con su filial en Quito.

Según la filtración, se elaboró una lista de las sociedades relacionadas a Chatburn y a Sentinel Mandate & Escrow, también de Islas Vírgenes Británicas. Se hallaron 32 sociedades en Panamá y siete en Islas Vírgenes.

En septiembre del 2016, MF inició un proceso de renuncia a todas esas representaciones.

Casi tres semanas después, MF recibió un pedido de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada de Panamá pidiendo información sobre Sentinel Mandate & Escrow, y otras compañías, relacionadas al caso Petroecuador.

Al mes siguiente, MF comunicó oficialmente su renuncia a Sentinel Mandate & Escrow tanto a Roberto Cortés, su representante, como a las autoridades de Islas Vírgenes.

El 22 de febrero de 2017, MF recibió una orden de registro emitida por la Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes. Su objetivo era obtener todos los documentos, carpetas y archivos sobre Sentinel Mandate & Escrow Ltd., por estar relacionada a una investigación sobre supuestos sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La orden señala que en caso de ser necesario, se utilice la fuerza y se tumben puertas, para cumplir con lo solicitado.

Al día siguiente, Daphne Durand Mayers, de Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd., presentó a la Agencia una declaración notariada con una copia de todos los documentos que poseía MF sobre Sentinel Mandate & Escrow.

Ahí consta que sus directores son Juan Carlos Cortés y Roberto Cortés, y que sus accionistas son Sentinel Investment Fund SPC y Saint Elmos Corporation (registrada en Belice). La empresa tiene además una cuenta en Credicorp Bank de Panamá.

La compañía Sentinel Mandate & Escrow es uno de los eslabones que une los sobornos de Petroecuador y de la brasileña Odebrecht en Ecuador.

Por un lado, está relacionada con los pagos a Bravo y con el registro de empresas para él y para Arturo Escobar Domínguez, por parte del contratista Ramiro Luque Flores, de GalileoEnergy.

Y por otro, de acuerdo con las colaboraciones premiadas de los exfuncionarios de Odebrecht José Santos y Luiz Mameri, Sentinel recibió sobornos por un total de $ 4,6 millones en cuentas en las Islas Caymán.

En sus colaboraciones, a las que este Diario ha tenido acceso, los exejecutivos incluyen las transferencias a Sentinel Mandate como pagos para la obtención del contrato del Trasvase Daule Vinces con la Senagua.

Esos pagos también son parte del proceso Odebrecht que se sigue en Ecuador. Sentinel Mandate es investigada en EE.UU., dentro del proceso contra Chatburn.

Fuente: eluniverso.com

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