La organización internacional de derechos humanos y digitales Electronic Frontier Foundation (EFF), en un informe preliminar sobre el caso del desarrollador de software, Ola Bini, señaló que es un hecho político más no criminal.
A Bini, de nacionalidad sueca, Fiscalía lo acusa del delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Tras haber permanecido detenido 70 días, fue liberado el pasado 20 de junio.
La entidad, que visitó el país por una semana, mencionó que mantuvo reuniones con representantes del ámbito jurídico, académico, medios de comunicación, con el investigado y su equipo jurídico para conocer la situación de Bini.
Según EFF, citando a los abogados del extranjero, han contabilizado 65 violaciones del debido proceso. Además que periodistas con los que afirmaron haber conversado les dijeron que «nadie puede darles descripciones concretas de lo que ha hecho».
La organización pidió que el juicio sea justo que siga el debido proceso «separado de sus ramificaciones políticas», a fin de determinar si es culpable o inocente.
Dentro del caso, Marco A., fue vinculado al proceso. Es un ingeniero en sistemas que mantenía relación de amistad y de trabajo con Bini.
Según Fiscalía, de la información obtenida habría coadyuvado en las actividades por las cuales se inició la investigación en contra de Bini.
