Decenas de miles de personas han salido este jueves a las calles en diversos puntos de la India, pese a la prohibición de manifestarse y los cortes en el suministro de Internet, en una nueva jornada de protestas contra la ley de ciudadanía, que permite conceder permisos a inmigrantes irregulares de países vecinos siempre que no profesen el islam. Dos personas han muerto en una protesta violenta en Mangaluru, en el sur del país, según fuentes hospitalarias. Al menos una de ellas, por disparos.

Las manifestaciones, a menudo enturbiadas por enfrentamientos, se registraron sobre todo en Nueva Delhi y en Estados del noreste del país. En un vano intento de frenarlas, el Gobierno había prohibido las reuniones públicas de más de cuatro personas en numerosas ciudades, rescatando un artículo de una ley heredada del pasado colonial británico.

Con un nutrido dispositivo policial y cientos de barreras metálicas, las autoridades indias trataron de poner freno a las dos protestas convocadas en la capital. La policía forzó a muchos manifestantes a montarse en un autobús y abandonar el lugar de la protesta. Estos entregaban rosas rojas a los agentes que les obligaban a dispersarse. «La policía y los militares no nos están dejando venir, he visto cómo arrestaban y se llevaban a gente en autobuses», dijo a Efe Mohammad Waliullah, un joven estudiante musulmán procedente del Estado sureño de Tamil Nadu, en el histórico Fuerte Rojo, a escasos metros de la mezquita Jama Masjid y en pleno corazón musulmán de la ciudad.

Desde Bombay (oeste) hasta Calcuta (este) pasando por Bangalore (sur), las protestas se multiplicaron en algunas de las ciudades más importantes. Al menos en Nueva Delhi y en Thiruvananthapuram, en el sur, se produjeron choques y las autoridades recurrieron a cañones de agua.

La modificación legal, impulsada desde principios de año por el Ejecutivo del primer ministro Narendra Modi, concede asilo y ciudadanía a cualquier inmigrante irregular de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre y cuando haya entrado en la India antes del 31 de diciembre de 2014 y no pertenezca a la comunidad musulmana. El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado la ley de «fundamentalmente discriminatoria». No afecta a los indios musulmanes (el 14% de la población del país), pero ha provocado una indignación enorme tras cinco años en el Gobierno de los nacionalistas hindúes de Modi.