Contaron al menos 70 puñaladas en el cuerpo de Cristina Ivonne Pilay Vélez, de 29 años. De estas, 25 en la espalda y 14 entre el rostro y el pecho. Su asesino la mató delante del tercero de sus hijos, de apenas 2 años, según parientes, quienes dicen que la mujer recibió amenazas de un hombre que la pretendía, identificado como Boris Z. A él, el padre de su último hijo lo vio bajar de la casa, antes de hallarla muerta en el baño.
La tragedia ocurrió alrededor de las 13:00 del lunes 10, en el barrio San Pedro 2 de Manta, en Manabí, provincia que hasta la fecha registra cinco femicidios en lo que va del 2020.
Este nuevo asesinato violento de una mujer a manos de hombres que intentan someterlas sucedió a dos días de que a María Magdalena Morales Mendoza, de 22 años y quien estaba embarazada, la estrangularan.
En este último caso el señalado era su exconviviente, quien un día después, el domingo 9, se quitó la vida. En ocasiones anteriores, este hombre le había quemado la ropa a María y la lanzó por una escalera, se dijo.
Y pese al cambio en las leyes, a las medidas de protección, a los planes y programas de prevención y de ayuda a quienes sufren de maltrato, las cifras de femicidios y de mujeres que mueren de forma violenta siguen en aumento.
Solo hasta el 30 junio de este año, la Fiscalía General del Estado había receptado 77 denuncias de muertes violentas a mujeres, a nivel nacional. De estas, 29 eran por femicidios (por razones de género), 36 por asesinatos (planificado) y 12 por homicidios.
En la mayoría de los casos, los asesinos son las parejas, los convivientes, los exconvivientes, amigos, parientes y conocidos. Lo mismo ocurre con los maltratadores.
Y a pesar de que las mujeres tienen ahora más facilidades para denunciar, muchas no lo hacen por diferentes temores o dejan el trámite a medias, dicen expertos en el área, como defensores de los derechos de la mujer y exfuncionarios públicos que han trabajado en el tema.
Malena Cardona, presidenta de la organización Mujeres Lideresas de Manabí, que promueve y defiende los derechos de la mujer, afirma que han identificado dos motivos principales por los que algunas mujeres desisten de continuar con el proceso que entablaron contra el hombre que las agredió, que generalmente son sus parejas o exconvivientes.
El primero, sostiene, es el no tener una dependencia económica. Esto hace que ellas piensen que a veces es mejor seguir con el agresor. Y el segundo motivo en Manabí es el qué dirá la sociedad, pues todavía existen casos de machismo arraigado y en muchas de las ocasiones es la mujer la que abandona su casa, pese a ser ella la víctima de los maltratos.
«En algunos casos piensan: no me separo por mis hijos, qué dirá la gente», agrega Cardona sobre el proceder de algunas mujeres maltratadas.
Ella dice que en Manabí hay varios organismos que promueven el acompañamiento en las quejas que ponen las mujeres por maltratos físicos, psicológicos, sexual, patrimonial o de otra índole.
En este año, Mujeres Lideresas ha recibido unas quince denuncias contra hombres. La cifra es baja, argumenta, por la actual pandemia del coronavirus.
Jaime González, excomisario de la Mujer de Manta, dice que otra razón para que muchas mujeres desistan de seguir una demanda judicial contra su agresor sería la falta de más profesionales en Manabí, provincia que tiene más de 1,6 millones de habitantes.
Para él, con la creación de la Unidad de Género en la Fiscalía, el trámite se le hace más dificultoso o engorroso para la mujer, ya que, sostiene, no habría personal suficiente para realizar la pericia psicológica en dependencias de Fiscalía.
«Ese es uno de los nudos que encuentran las usuarias y quienes desisten de continuar con el proceso, por eso es que en las indagaciones previas por violencia psicológica quedan en abandono en algunos casos», refiere González.
