Julio César Trujillo dijo que el informe de evaluación no representa la opinión de los miembros del Consejo de Participación Transitorio. El consejero Xavier Zavala Egas se abstuvo. Las críticas a la Corte Constitucional llegan de todos lados.
El primer frente se abrió con su decisión de revocar las enmiendas a la Carta Magna aprobadas en 2015, lo que contó con su anuencia. Otras críticas llovieron por el fallo sobre la educación sexual de los adolescentes. Y este lunes 6 de agosto surgió otra dificultad: la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
Este organismo aprobó la segunda etapa de calificación de los nueve miembros de la Corte. Ahora, ellos tendrán hasta 4 días término para presentar sus pruebas de descargo por escrito y rebatir el reporte hecho por la Coordinación de Evaluación.
El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, aseguró que el reporte de la Coordinación de Evaluación no representa la opinión de los miembros del Consejo sino del equipo que analizó la gestión de los jueces. “Nosotros no los acusamos de nada, ellos deben desvirtuar las acusaciones”.
La decisión se tomó con la abstención del vocal Xavier Zavala Egas, quien desde mayo pasado dejó clara su postura: está en contra de este proceso de evaluación. Él sostuvo que el Consejo no es nominador de la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 208 de la Constitución, por lo que no puede evaluarla.
Los jueces que entran a la evaluación son Alfredo Ruiz, quien es presidente de la Corte Constitucional; Pamela Martínez; Wendy Molina; Roxana Silva; Tatiana Ordeñana; Marien Segura; Ruth Seni Pinargote; Manuel Viteri, y Víctor Butiñá. Los nueve integrantes podrán defenderse en una audiencia pública que se llevará a cabo el día establecido por los miembros del Consejo (aún no hay una fecha definida).
Terminada esta diligencia, los miembros del Consejo Transitorio tienen cinco días para tomar una decisión. Hasta el momento, 14 autoridades han sido cesadas por el organismo liderado por Julio César Trujillo, aunque aún tienen casos pendientes, como los 7 miembros del Tribunal Contencioso Electoral, los 2 representantes de los trabajadores y empleadores ante el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Superintendente de Ordenamiento Territorial, cuyas evaluaciones están en proceso.
Fuente: eltelegrafo.com
