Por casi tres años, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)pagó pensiones a 255 personas, aunque estas ya habían fallecido, según un examen especial de la Contraloría General del Estado que detectó un perjuicio por $ 325 mil. En este informe se detalla también que 19 personas continuaron cobrando el montepío a pesar de que contrajeron un nuevo matrimonio o una unión libre.
“No se realizaron procedimientos de validación de la fecha de defunción y cambio de estado civil”, concluye el examen especial, aprobado en febrero de este año.
Según la Contraloría, estos “pagos indebidos” se registraron entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018, durante la administración de los presidentes del IESS Ramiro González, Fernando Cordero, Víctor Hugo Villacrés, Richard Espinoza, Jaime Garzón y Wilson Rodas, además de las directoras de Pensiones Paulina Proaño Romero (2015-2016) y Ximena Cobos Valarezo (2016-2018).
Proaño, quien también fue coordinadora general financiera del Centro de Inteligencia Estratégica (antes Senain), no atendió un pedido de entrevista; mientras que Cobos, gerente de Créditos Externos en el Ministerio de Educación hasta marzo, se limitó a indicar que está “en el proceso de respuesta a la Contraloría”.
Sobre el informe de esa entidad, el actual director de Pensiones, José Martínez Dobronsky, asegura que los pagos señalados como indebidos se dieron por una inscripción tardía de defunción y de estado civil de los pensionistas.
“Por diversas razones los familiares no registran el fallecimiento de las personas”, indica Martínez. Él asegura que realizan mensualmente las validaciones de supervivencia de los jubilados con la base de datos del Registro Civil, entidad que no atendió una entrevista. Y también afirma que se visitan los domicilios de los pensionistas que tienen más de 99 años.
“Se cruza con la base de datos del Registro Civil y, si es que hay algún fallecido, inmediatamente se informa y se suspende la pensión”, explica Martínez.
No obstante, la Contraloría detalla que se detectaron los pagos indebidos luego de comparar la base de datos de pensionistas del IESS con la del Registro Civil, con las que se valida la información de los beneficiarios, datos que fueron entregados por el Seguro Social.
En el informe de la Contraloría se dispone al IESS realizar las acciones para la recuperación de los valores pagados sin justificación. Martínez asegura que están acatando esta disposición: “Las gestiones de recuperación las estamos haciendo. Lo que no tengo es el monto de cuánto se ha recuperado”. Hasta el cierre, el funcionario no precisó la cifra recaudada.
Las irregularidades detectadas por Contraloría se dan en medio de un déficit en el fondo de pensiones de $ 24 mil millones. El Seguro General Obligatorio beneficia a 493.990 pensionistas de jubilaciones y montepíos(pensión por muerte de cónyuge, padres).
Jubilados, como Carmen Flores, esperan que se sancione a los responsables del perjuicio al IESS por esos pagos y que se destine lo recuperado a la compra de medicinas. Cuenta que su esposo, quien falleció hace dos meses tras padecer de parkinson, no fue atendido del todo por el Seguro ante la falta de medicinas. “Tuve que comprar remedios por tres años en la calle Boyacá”, lamenta.
Carmelina Herrera, quien trabajó en el área de Pensiones del IESS por 35 años y hoy integra el Frente de Defensa del Jubilado, propone una reestructuración al Seguro para que se contrate personal mediante concursos de méritos: “Estas irregularidades se deben al desconocimiento del tema de la seguridad social, al ingreso de personas por palanqueo”
