El juez federal Sergio Moro decretó ayer la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras, y le concedió un margen de un día para entregarse.
Moro permite que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país hoy. “Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17:00 (15:00 de Ecuador), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión”, señaló Moro en un comunicado.
La decisión de Moro llega menos de un día después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negara al exmandatario un habeas corpus para evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó el año pasado al exmandatario a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, una pena que fue ratificada y ampliada a 12 años y un mes en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4° Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre.
Antes del anuncio de Moro, analistas habían barajado las opciones que aún tenía para estar en libertad, mientras el Partido de los Trabajadores (PT) lo volvía a anunciar como su candidato presidencial para octubre, añadiendo que lo sería incluso desde prisión.
De acuerdo con una publicación de BBC Mundo, a Lula, de 72 años, le quedan tres opciones para su liberación.
La primera es que su defensa presente un nuevo pedido de habeas corpus con otro argumento, aunque desde la cárcel. La segunda es que su condena sea anulada en cortes superiores, es decir, en las dos instancias que aún le quedan por apelar: el Supremo Tribunal de Justicia y el STF. Sin embargo, en estas instancias ya no analizan las pruebas a favor o en contra, sino que revisan si el proceso en el que fue sentenciado se realizó de una manera correcta y con toda legalidad.
La última opción que tiene es que el STF modifique su posición y le permita estar libre hasta que culminen todas las instancias. Esto se haría si con el paso del tiempo el habeas corpus preventivo pueda ser revisado de nuevo si la mayoría de los 11 magistrados de la institución así lo decidiera.
Respecto a su intención de seguir con su camino de volver a la presidencia de Brasil, analistas piensan que el fallo del miércoles, sin ser vinculante, acabó con sus posibilidades de volver a la presidencia, aunque su influencia será fuerte.
Pese a todo ello, ayer la directora del PT, Gleisi Hoffmann, volvió a afirmar que Lula será el candidato de la agrupación indistintamente del escenario judicial que haya –en teoría, ya no podría por estar condenado en segunda instancia–.
Hoffmann aseveró, en el primer cónclave del PT tras el fallo, que encarcelar a Lula reduciría a Brasil a una “república bananera” y agregó que el expresidente “está tranquilo, sereno, con la conciencia tranquila de los inocentes”.
Hasta la noche del jueves el exmandatario no había ofrecido declaraciones de la decisión de STF ni sobre la decisión del juez Moro
