El Gobierno de Ecuador recurrió este lunes ante la justicia un fallo que impide el ingreso de petroleras a zonas habitadas por indígenas waorani en la Amazonía, informó la defensa de estos últimos.
La Corte Provincial de Pastaza, en la amazónica ciudad de Puyo (este), estudió ese recurso hasta bien entrada la noche, y la decisión de los jueces se conocerá en los próximos días, sin que haya una fecha definida, informó la misma fuente.
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que había anunciado su intención de apelar el fallo desistió de hacerlo. En su lugar el recurso fue presentado por el Ministerio de Ambiente.
La cartera de Ambiente «debería estar a nuestro lado para proteger nuestros bosques de la explotación petrolera, pero son los que están peleando en contra», dijo Oswando Nenquimo, vocero de los waorani, en declaraciones divulgadas en un comunicado.
La defensa de los waorani también presentó una apelación para mejorar el fallo dictado en abril en primera instancia por un tribunal penal de Puyo, que vetó el ingreso de las petroleras.
Esa sentencia favoreció a 12 de las 16 comunidades que presentaron una demanda ante la pretensión del gobierno de abrir unas 180.000 hectáreas de su territorio a la explotación de crudo.
Unos 30 indígenas waorani se manifestaron pacíficamente el martes 25 de junio frente a la sede del Gobierno Nacional para defender un fallo de primera instancia que impide el ingreso de petroleras a zonas habitadas por esa etnia amazónica.
Los waorani llevaron hasta el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, 122.000 firmas de respaldo a lo que consideran la «defensa» del territorio que habitan.
Nosotros estamos reclamando que se incluyan a las cuatro comunidades [restantes] porque de no hacerlo se estaría haciendo una interpretación indebida del derecho al territorio y de la relación de los waorani con ese territorio», María Espinosa, abogada de los waorani.
El tribunal de Puyo aceptó la acción de protección planteada por los waoranis de la provincia de Pastaza al considerar que existió una violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras.
Como medida de reparación, la corte dispuso que el Estado realice una nueva consulta.
El Gobierno sostiene que cuenta con los permisos para licitar del denominado bloque 22 gracias a una consulta realizada en 2012 a los nativos. Sin embargo, los waoranis alegan que los funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos.
