El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y el legislador Pedro Velasco acudieron este miércoles 6 de abril del 2022 a la Fiscalía General, en Quito.
Ellos llevaron a esa entidad ocho cartones con el informe, aprobado por esa Comisión Legislativa, sobre el caso Petrochina y documentación complementaria como contratos, líneas de crédito y correos electrónicos. El objetivo es pedir que las investigaciones iniciadas en el 2017 sobre este caso continúen.
Además, los asambleístas solicitaron a la fiscal general, Diana Salazar, que formule cargos contra implicados en este presunto caso de corrupción petrolera.
“Se remite el presente informe a la Fiscalía General para que, en ámbito de sus competencias, investigue el presunto cometimiento de delitos teniendo en cuenta que desde el 2017 se encuentra aperturada una indagación previa por denuncia del hoy presidente de esta Comisión”, señala un documento enviado a Salazar.
Además, en el escrito piden que se tome en cuenta “el nombre de las personas naturales y jurídicas, gubernamentales y privadas que constan en el capítulo 9 del presente informe, sin perjuicio de que la Fiscalía determine nuevos responsables en el transcurso de la investigación”.
Luego, Villavicencio escribió en sus redes sociales: “Hemos entregado a Fiscalía el informe con miles de documentos de respaldo sobre el caso Petrochina, considerado el mayor escándalo de corrupción. Ahora toda esta información está en manos de la justicia”.
Datos de la investigación
El Gobierno del entonces presidente Rafael Correa se comprometió a vender a Petrochina 763,8millones de barriles de crudo hasta 2014. A cambio recibió USD 9970 millones en créditos y anticipos.
Villavicencio explicó que esto afectó al Estado ecuatoriano. El informe de la Comisión de Fiscalización, que hoy reposa en Fiscalía, señala que el perjuicio ocasionado por la preventa de petróleo a China asciende a USD 4 771 millones. Además, dijo que ese dinero “acabó en manos de compañías intermediarias”.
El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, definió este caso como “el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país”.
De hecho, Fiscalía ya tiene una indagación abierta por el caso Petrochina. Esta investigación previa arrancó el 22 de febrero del 2017. Se rastrea un presunto peculado.
“Aquí están las evidencias de cómo Rafael Correa a través de decreto presidencial autorizó líneas de crédito con interés de chulco, de cómo Petrochina renegocia nuestros contratos perjudicando al país en USD 3,60 por cada barril de petróleo. Aquí están las evidencias de que durante más de una década el Ecuador fue perjudicado en casi USD 5 000 millones y que estos recursos económicos terminaron en manos de compañías intermediarias”, explicó Villavicencio al acudir a la Fiscalía.
Hasta el momento, el expresidente Rafael Correa no se ha pronunciado sobre esta acción de la Comisión de Fiscalización.
