Menos de doce horas después de que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, amplió su versión en la Fiscalía dentro de la causa en la que es procesado por el delito de peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, las viviendas de Yunda y otro exfuncionario municipal fueron allanadas la madrugada de este jueves.
Los allanamientos habrían sido autorizados por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, y serían parte de la instrucción fiscal abierta por el delito de peculado el 13 de noviembre último. Junto con la vivienda de Yunda también fue allanado el domicilio del exprocurador del Municipio de Quito Dunker Morales, ubicado en el norte de Quito.
Poco más de hora y media duró la ampliación de versión que entregó, la tarde del miércoles último, el alcalde Yunda en la Fiscalía. De lo que se conoce en la ampliación el funcionario capitalino habló de los chats que serían parte del expediente y respondió preguntas hechas por los abogados de los trece procesados restantes.
Los allanamientos habrían tenido la finalidad de recuperar todo tipo de elementos (dispositivos electrónicos, informáticos, documentos, entre otros) que pudieran tener relación con la investigación que está a menos de una semana de cerrarse. Entre los dispositivos recuperados estaría un teléfono celular del alcalde, el cual, al igual que el resto de elementos incautados, pasó a una cadena de custodia para que se den los peritajes necesarios.
Las diligencias realizadas durante la madrugada de este jueves se dieron por solicitud del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien está a cargo del caso, por el fuero de Corte Provincial que cobija a Yunda como alcalde en funciones.
Hasta el momento el alcalde Yunda no se ha referido sobre los allanamientos realizados, así como tampoco lo ha hecho la Fiscalía. La vivienda allanada a Yunda se ubica en el cantón Rumiñahui, zona cercana a la capital ecuatoriana.
El 18 de marzo próximo concluyen los 120 días de instrucción fiscal en esta causa penal que legalmente arrancó el 13 de noviembre pasado con la vinculación de siete personas, entre quienes estaban el exsecretario de Salud del Municipio de Quito Lenín Mantilla y Juan Vinelli, relacionado con la empresa con quien la secretaría del Municipio capitalino contrató las pruebas cuestionadas por una supuesta baja sensibilidad.
Desde el 16 de febrero pasado al proceso fueron vinculados Yunda, la actual secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, y cuatro personas más. En total son catorce los procesados en esta causa.
