FISCAL DIANA SALAZAR DEFIENDE LOS PROCESOS ABIERTOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRAS MANIFESTACIONES.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, defendió este miércoles su actuación en los procesos abiertos a funcionarios públicos, dirigentes indígenas y de ciudadanos comunes tras los incidentes registrados durante el paro nacional del 2 al 13 de octubre pasados.

Asimismo, el contralor general del Estado, Pablo Celi, afirmó que el incendio al edificio, el pasado 12 de octubre, no fue accidental, sino que se intentó sabotear al organismo de control, que se buscó destruir documentos, tecnología y romper la cadena de control de los procesos de auditoría.

Ambos funcionarios comparecieron este miércoles ante la comisión ocasional multipartidista que investiga los hechos del paro nacional. También acudieron los representantes de las cámaras y del sector empresarial para mostrar las cifras de las pérdidas económicas que se registraron en los once días de paralización.

Salazar, apoyada en su ordenador portátil, narró uno a uno los procesos abiertos en contra de funcionarios y ciudadanos acusados de rebelión y aclaró que no son temas políticos, sino procesos técnicos jurídicos.

Relató que hay denuncias relacionadas a destrucción de bienes del patrimonio cultural, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, incitación a la discordia entre ciudadanos, paralización de servicio público, delitos como rebelión, sabotaje, terrorismo y violación a la propiedad privada.

Que en las denuncias que tienen que ver con fuero de corte nacional. Hay una denuncia por el delito de instigación, presentada por una persona particular en contra de tres asambleístas en funciones y se han realizado cuatro diligencias y la consiguiente apertura de investigación previa.

También cuatro personas han presentado denuncias en contra de la Ministra de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional y el Ministro de Defensa, donde se han practicado 22 diligencias, entre versiones, delegaciones, pericias médico legales y requerimientos de información a varias instituciones. Dijo que no puede ahondar en la información presentada.

Igualmente existen varias denuncias y que se han aperturado investigaciones previas en contra de dirigentes de los pueblos y nacionalidades o llámense los dirigentes del paro, los directivos de la diferentes organizaciones indígenas como la Conaie y Confenaie, por llamar a la conformación de grupos subversivos, por el delito de instigación.

En la misma línea, agregó, hay una denuncia presentada por parte del Ministerio de Gobierno donde los sospechosos son siete y se han practicado 14 diligencias y se refiere a los hechos transmitidos a nivel nacional con retención de funcionarios públicos y periodistas.

Respecto a la toma de la Asamblea, Salazar dijo que hay una denuncia de un asambleísta y que el denunciado es el actual prefecto de la provincia del Azuay, que se encuentra en fase de investigación previa.

Otra de las causas es por el delito de rebelión que se inició en contra de la perfecta de Pichincha y tres personas más; de los cuales tres se encuentran con prisión preventiva y una con presentación periódica, y se han realizado más de 70 diligencias investigativas.

Explicó que se investiga el delito de rebelión, que no es otra cosa que una persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido. Dijo que a pesar de que es un caso que tiene que guardarse en reserva, por el tipo penal que se investiga, en el primer momento estuvo en su conocimiento, por lo que puede señalar que los elementos con los que cuenta la Fiscalía para haber iniciado el procesamiento se encuentran la interceptación telefónica. Dentro de estos audios se encuentra abundante información que da cuenta de que las personas ahora procesadas habían incurrido en esa conducta.

Respecto al incendio de la Contraloría, dijo que hay 28 personas adultas procesadas 6 adolescentes y en este momento se está realizando una reformulación de cargos por qué la Fiscalía y anunció que en este caso se van a alejar de la figura de terrorismo.

Por su parte, el contralor Celi dijo que todo el ataque que sufrió la institución es parte de un proceso que busca descomponer el orden jurídico, el ordenamiento político democrático y la estabilidad de las instituciones; es un ataque al Estado y a la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

El ataque del 12 de octubre pasado, calificó Celi, es un ataque criminal de alto impacto con significativas alianzas a su infraestructura y que tuvo en realidad tres objetivos básicos que se desprenden de la sola observación del impacto sufrido: El primero era destruir documentos; el segundo era dejar a la Contraloría sin instrumentos tecnológicos; y el tercero es el más grave porque buscó romper la cadena secuencial del proceso de control en lo que tiene que ver con los sustentos de auditoría y sus traslados al campo judicial y de sanciones administrativas, afirmó.

Reveló que en la incursión del 7 de octubre pasado cuando ingresaron de forma violenta a sustraerse bienes de la institución fundamentalmente en el sistema televisado interno, se robaron los plasmas que transmiten información de la Contraloría, de eso ya pusimos una denuncia el 8 de octubre, anotó.

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