Pagos “sin sustento legal” que bordearon los $ 562.203 habría autorizado Ana Albán, exembajadora de Ecuador en Londres, durante el asilo otorgado al hacker australiano Julian Assange, revelan los resultados provisionales de un examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado.
El análisis, cuyos resultados se leyeron ayer, fue a la gestión administrativa para la estancia de Assange en la Embajada de Ecuador del 1 de enero del 2012 al 30 de septiembre del 2018.
Esto comprendía los egresos para servicios de lavado, médicos, hospitalarios, complementarios, alimentación, consultoría, servicios comunicacionales, adecuaciones, eventos públicos, pasajes y viáticos de servidores por un monto total de $ 795.372,71.
Entre los principales hallazgos se observó que Albán había autorizado pagos por $ 418.026 para asesorías legales con las firmas Bindmas LLP y Norton Rose; y otros $ 144.177 por servicios de asesoría comunicacional con MCSquared, Lee Brown y Nill Sookoo.
El ente de control “no pudo evidenciar documentación que permita establecer el cumplimiento de los términos contractuales”, por lo que se concluyó que se pagaron $ 562.203 sin el debido sustento legal.
Incluso se analizó un gasto por $ 5.395 para realizar un evento de “Conmemoración del asilo político” en la embajada, que no observó las reformas a las Normas de Austeridad y Control del Gasto Público que prohibía agasajos y festejos.
El equipo de auditores no había tenido una explicación de Albán sobre la observación, pero su representante en la lectura de dichos resultados –cuyo nombre no se informó– aclaró que sí remitió la respuesta el pasado viernes, y esto se incluirá en un informe final.
El examen señala que los gastos fueron cubiertos por un fondo rotativo, una caja chica y cuatro fondos específicos de la Embajada en Londres. Dos de los cuatro, fueron creados a partir de la concesión del asilo a Assange por $120.000 y $ 300.000. De ellos, $66. 614 y $266.612 se utilizaron en temas relacionados al asilado; y la diferencia, se usó para gastos del funcionamiento de la embajada.
Se detalla que en julio del 2012, se pagó $36.000 para una asesoría comunicacional que fue cargado a un fondo específico, creado antes de la llegada de Assange, pero que tenía como objeto la contratación de personal. Se hicieron adecuaciones para recibir a Assange por $ 23.602 que comprendieron la readecuación de los baños de hombres y mujeres.
Para el servicio de alimentación se habrían hecho contratos sin la selección de proveedores; y los costos de internet aumentaron para la contratación de las empresas Intersys por $ 1.013 y a Focus Group por $ 5.604.
A la primera compañía se la contrató para que instale una nueva conexión SDL; y a la segunda, para el servicio de internet de banda de ancha y la instalación de una línea adicional especial de internet EFM, para comunicación con la Presidencia de la República de Ecuador.
En junio de 2017 se pagó a Intersys $ 966 por un mantenimiento y configuración, pero se observa que los pagos se hicieron sin documentación de respaldo que sustente la necesidad, «lo que generó un pago sin sustento por $ 7.584».
El exembajador de Ecuador en el país europeo, Juan Falconí Puig aseguró al final de esta lectura, que en el informe de control no se observa su periodo de gestión que fue de septiembre del 2013 a junio del 2015.
Incluso contó que exigió a Bindmans LLP la devolución de $ 28. 000 porque no se habrían cumplido los términos del contrato.
La lectura de estos resultados culminó sin que se mencione uno de los aspectos que serían parte del análisis, como es los pasajes y viáticos.
