El fiscal General, Paúl Pérez, identificó al expresidente Rafael Correa como autor de los delitos de asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Fernando Balda. A la jueza nacional Daniella Camacho le pidió que lo llamara a juicio y que además ratificara la orden de prisión en su contra, le prohibiese vender o traspasar sus bienes y congelara sus cuentas. En marzo pasado, cuando se inició el proceso judicial, Correa donó su casa en Quito a su hijo menor de edad.
Pérez explicó -poco antes de dar a conocer su dictamen- el contexto político del secuestro de Balda. “Aquí en el Ecuador no se podía pensar diferente. Este no ha sido el único caso; aquí hubo una persecución incluso de personas de la Corte Nacional. ¡Ese era el bonito Estado Constitucional de Derecho: letra muerta!”. Enseguida se oyeron los murmullos del público que ayer copó el auditorio de la Corte Nacional de Justicia, en donde se realizó a la audiencia preparatoria de juicio.
Esta afirmación, según el Fiscal, la sustentó con base en los documentos desclasificados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) respecto de la operación Guayacán o Wilson, como se identificó al plan para el secuestro de Balda, que se ejecutó en agosto del 2012, en Bogotá (Colombia). Pérez dijo que entre los documentos reservados se hallaron álbumes fotográficos e informes de los seguimientos que se hicieron contra el exlegislador, antes y después de su secuestro, incluso cuando ya había sido deportado al Ecuador y recluido en un centro penitenciario. “Se vigilaba a las personas que lo visitaban en la cárcel”. Y agregó: “La cadena de mando de estas operaciones se iniciaba con el entonces presidente Correa”. Ayer, el fiscal Pérez (centro) presentó 28 evidencias en contra de Rafael Correa.
Los documentos de la Senain son una de las 28 evidencias que el investigador presentó contra el exmandatario ante la jueza a cargo del caso. Minutos después hizo la misma acusación y pedido de llamamiento a juicio para los demás procesados en este caso: Pablo Romero, exjefe de la Senain, y los agentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Estos dos últimos cumplen prisión preventiva en Quito y, actualmente, se encuentran en el programa de Protección Para Víctimas y Testigos, tras haber declarado que Correa ordenó el secuestro.
Ayer, Diego Chimbo, abogado de los dos policías, indicó que se aumentará la protección de Falcón, después de la visita que le realizaron la asambleísta Sofía Espín y Yadira Cadena, una abogada que trabaja con Caupolicán Ochoa, defensor de Correa. La visita a la prisión de Quito se produjo el lunes, un día antes de que la Corte Nacional reinstalara la audiencia los cuatro procesados. Según Chimbo, la legisladora le habría pedido a su cliente que cambie su versión y dija que fue presionada por el Fiscal General.
Esto a cambio de escribir asilo en Bélgica y protección de la ONU. “Vemos una legisladora instigando a alguien a que engañe a la justicia, que engañe al juez”, dijo el defensor. Anunció que presentará una denuncia contra la legisladora por tráfico de influencias y por supuestamente incitar a fraude procesal. Dijo que su otro cliente, Chicaiza, también ha recibido visitas en las que se le insinúa que cambie su versión. No precisó qué personas. Tras hacerse pública esta denuncia, Espín confirmó que sí visitó a la agente. “Sí. El día de ayer me acerqué adonde ella está, para ver las condiciones en las que se encuentra”.
De su lado, Caupolicán Ochoa manifestó: “El que una procesada reciba una visita no es un delito para nadie. No conozco la naturaleza de esa conversación… A mí me conduele su situación, cuando no hay una sola prueba en su contra y se le mantenga como rehén, solo con el propósito de incriminar a una tercera persona”. Según el abogado, la Fiscalía no tiene ninguna evidencia en contra de Correa y además, para él, la Fiscalía General obligó a los policías procesados a declararse culpables. En una rueda de prensa, Ochoa fue consultado reiteradamente sobre su relación laboral con Yadira Cadena, la mujer que acompañó a Espín a la visita, pero evitó responder.
Finalmente, tras la insistencia de los periodistas dijo: “la señorita es abogada en libre ejercicio”. Horas antes, la mujer fue vista en el auditorio de la Corte, en compañía de personas cercanas al correísmo. Se ubicó en el lugar exclusivo de los acusados, detrás de Ochoa.
FUENTE: DIARIO EL COMERCIO.
