Este viernes la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, rechazó la acusación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra España de interferir en el país centroamericano y le reclamó “no utilizar excusas” para tapar las violaciones de derechos humanos y los ataques a la oposición.
Ortega responsabilizó el jueves a las embajadas de Estados Unidos, España y otros países europeos de “intromisión” en sus asuntos internos y de promover una candidatura presidencial única de la oposición para las elecciones del próximo mes de noviembre.
En una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, González Laya subrayó que los diplomáticos españoles “cumplen escrupulosamente con sus obligaciones” y con su respeto a las reglas internacionales.
“No se puede utilizar excusas de este tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecución de líderes políticos como vemos en Nicaragua”, señaló la ministra española.
González Laya reiteró el llamamiento para que el Gobierno sandinista “libere a los presos políticos, su plena participación en el proceso electoral y el respeto a los derechos y libertades de los políticos, de la prensa, de los empresarios y de la sociedad civil en general”.
El mandatario nicaragüense sostiene que los países que “conspiran” contra su Gobierno “están violando lo que son los acuerdos internacionales”.
Ortega dijo el jueves: “El escándalo que harían en sus países si un embajador de otro país apareciera conspirando contra el Gobierno para promover golpes de Estado y para organizar también candidatos”.
Preparación para elecciones
En tanto, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua estableció las autoridades que estarán a cargo de los comicios de noviembre próximo en cada uno de los 153 municipios del país.
Un total de 918 personas fueron juramentadas como miembros de los Consejos Electorales Municipales (CEM), ubicados en 15 departamentos (provincias) y en las dos regiones autónomas del Caribe, informó el CSE.
Según el Poder Electoral, en cada uno de los municipios fueron juramentados 153 presidentes electorales municipales, 153 primeros miembros y 153 segundos miembros, que suman 459, y que ascienden a 918 incluyendo los suplentes.
Las 153 plazas de presidentes de CEM y 153 de primeros miembros fueron repartidas entre el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes ocuparán 306 de los 459 cargos propietarios. Las 153 plazas restantes, que corresponden a segundos miembros, fueron distribuidas en las restantes seis alianzas y partidos políticos que participan en la carrera electoral.
Este mismo viernes la Articulación de Movimiento Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil (AMS-OSC), que no está representada en ninguno de los partidos en contienda, emitió un comunicado de “rechazo a las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre, convocadas por el régimen orteguista”.
Según la AMS-OSC, que dijo desconfiar de los partidos que compiten como oposición, el proceso electoral “no reúnen las mínimas condiciones contempladas en los estándares internacionales para ser consideradas como libres, justas y creíbles”.
En las últimas semanas el CSE y el Poder Judicial, dominados por magistrados afines a Ortega, tomaron decisiones que allanan el camino a la reelección del mandatario, según los opositores.
Entre ellas está la eliminación del Partido de Restauración Democrática (PRD), que aglutinaba a uno de los grupos opositores, así como del Partido Conservador (PC) luego de que este dudó de la transparencia de las elecciones.
También el arresto de cinco aspirantes a la Presidencia por la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y Miguel Mora.
Adicionalmente fueron detenidos dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositoras, una ex primera dama, un cronista deportivo, dos extrabajadores de una ONG, y un conductor de Cristiana Chamorro.
Los arrestados son investigados por delitos considerados “traición a la patria” o por supuesto lavado de dinero.
Ortega, quien se jugará 42 años de dominio absoluto sobre la política de Nicaragua en noviembre, busca una tercera reelección consecutiva para un quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
