España choca de nuevo con Reino Unido por las aguas que rodean Gibraltar. Un petrolero que se dirigía a Siria fue interceptado este jueves por las autoridades gibraltareñas, un episodio con reverberaciones nacionales e internacionales. El motivo es que ese bloqueo al petrolero, que impidió un suministro prohibido por las sanciones europeas al régimen sirio, ocurrió en aguas que España considera propias. El Gobierno planea presentar una queja formal ante Reino Unido por esa incursión, según fuentes del Ministerio de Exteriores.

Los cuerpos de seguridad y del puerto del Peñón abordaron a primera hora un superpetrolero que transportaba crudo a una refinería de Siria. Esa entrega era contraria a las sanciones que mantiene la UE al régimen de Bachar el Asad. Las autoridades gibraltareñas se atribuyeron de inmediato el mérito de la operación y emitieron un comunicado para detallarla. Pero la actuación resultó controvertida para España porque la colonia británica interceptó el barco, con bandera panameña, a raíz de una información que suministró Estados Unidos a Reino Unido para frenar el petrolero, considerando que los hechos ocurrieron en aguas británicas. Pero España no reconoce aguas territoriales gibraltareñas; las considera de jurisdicción española.

“Estamos estudiando las circunstancias y viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía”, señaló con cautela el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. Fuentes de ese departamento avanzan, no obstante, una queja por este episodio en los próximos días, como ha ocurrido en casos anteriores que afectaban a esas aguas.

La versión oficial asegura que Londres mantuvo consultas con el Gobierno español para alertarle de la trayectoria del petrolero y avisarle de que “se iba a producir una intervención de efectivos británicos para embargarlo, en el puerto de Gibraltar”. Al no poder entrar en puerto, que sí es territorio gibraltareño, la operación se produjo en las aguas que rodean Gibraltar, que España considera propias. Pese a todo, el Gobierno dejó correr la operación. “España no quiso interferir porque se trataba de cumplir con el régimen de sanciones de la UE”, argumenta el ministerio. Una patrullera de la Guardia Civil supervisó todos los movimientos.

Reino Unido se aferra a ese bien común, el de salvaguardar el régimen europeo de sanciones, para defender su actuación. Fuentes diplomáticas del Gobierno británico manifestaron a EL PAÍS su firme convicción de que Madrid y Londres trabajan en una misma dirección, la de asegurar que las sanciones impuestas por la Unión Europea al régimen sirio se cumplen, informa desde Londres Rafa de Miguel. La interceptación de un buque de carga sospechoso de transportar crudo iraní a Siria en aguas cercanas a Gibraltar, según esas mismas fuentes, “se realizó en cumplimiento de la ley internacional, y no albergamos duda alguna de que el Gobierno de España apoya también el régimen de sanciones impuesto, a pesar de que admitimos que ambos Gobiernos siguen teniendo pendiente una disputa en torno al territorio de Gibraltar”.

Las autoridades del Peñón explicaron que la incautación del buque y de su carga se había realizado con el apoyo de un destacamento de los Royal Marines, la fuerza británica de operaciones anfibias. La detención del superpetrolero se produjo «por información que generó al Gobierno de Gibraltar motivos razonables para creer que el barco, el Grace 1, estaba infringiendo las sanciones de la Unión Europea contra Siria», según explicó el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, sin apuntar a Estados Unidos como origen de las pesquisas, que es la tesis que defiende España.

El Peñón cree que el Grace 1 llevaba el crudo a la refinería siria de Banyas, propiedad de una entidad sujeta a sanciones. El brazo ejecutivo de la UE evitó pronunciarse al respecto. Una portavoz argumentó que aunque esas medidas restrictivas tienen dimensión comunitaria, su aplicación depende de los Estados miembros.