El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para establecer la llamada ley de extinción de dominio, cuyo objetivo es permitir al Estado la incautación rápida de bienes privados conseguidos por vía delictiva. Macri efectuó un anuncio solemne desde la Casa Rosada y recordó que los proyectos de ley sobre la materia «están estancados desde hace años», en concreto desde 2016, en el Congreso «y los argentinos ya esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo».

Parece claro que en su campaña electoral para la reelección, ya prácticamente iniciada, Mauricio Macri hará especial hincapié en la corrupción política. El DNU sobre la extinción de dominio (que entra en vigor de forma automática pero requiere de la aprobación de las cámaras para no extinguirse) se dirige, además de al narcotráfico, a la corrupción y al blanqueo de dinero, elementos que, a tenor de los sumarios abiertos, caracterizaron los mandatos de Cristina Kirchner, su principal rival por el momento. Como en la gestión económica no tiene mucho de que presumir, Macri insistirá en la corrupción.

«Está claro que los argentinos hacemos un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante, y no puede ser que algunos vivos, a costa de este esfuerzo, cometan delitos que no podemos permitir más», dijo Macri, en un discurso televisado. «Los delincuentes, los narcotraficantes, las redes de trata, los mafiosos y los corruptos no tienen límites, son capaces de cualquier cosa, destruyen familias, someten a los ciudadanos y hasta son capaces de matar», agregó.

«Estamos hablando de dinero pero también de casas, campos, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas». Y siguió: «Hoy la justicia penal tiene elementos para recuperar esos bienes, pero son muy lentos. El régimen de extinción de dominio es un paso adelante para que la Justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito, avanzar más rápido en la recuperación de esos bienes».

El proyecto de ley de extinción de dominio, ahora convertido en DNU, ha pasado años estancado en el Congreso por razones técnicas. Plantea la apertura de una vía civil para la recuperación de bienes paralela al proceso penal: la causa civil requerirá solamente una sentencia firme de un tribunal penal de primera instancia. Puede darse, sin embargo, el caso de que la persona procesada sea declarada inocente por un tribunal superior. ¿Qué ocurre entonces? Lo normal es que la persona perjudicada por la pérdida de bienes exija no solo la restitución, sino una compensación voluminosa. Muchos diputados y senadores consideran que la extinción de dominio puede acabar siendo ruinosa para el Estado, además de constitucionalmente dudosa: aplica sanciones antes de una condena firme. Además, según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el DNU permite una aplicación retroactiva de hasta 15 años. Eso tampoco parece muy constitucional.

«Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona (procesada penalmente) en virtud de sus ingresos y de su actividad declarada», declaró Bullrich. «En este caso, se va a invertir la carga de la prueba y será independiente del proceso penal». Es decir, que no será la justicia quien deba demostrar que determinados bienes se obtuvieron de forma ilegal, sino que será el acusado quien deberá demostrar la legalidad de su patrimonio.

La aprobación del DNU, vigente mientras las cámaras no digan lo contrario, constituye un guiño de Macri a su conflictiva aliada Elisa Carrió (Coalición Cívica), que lleva tiempo reclamándolo. También envía una señal al electorado antikirchnerista, que suspira por ver a la ex presidenta en prisión y desposeída de los bienes acumulados durante su mandato y, previamente, el de su marido, el difunto Néstor Kirchner.