La estrategia del Gobierno para enfrentar la corrupción tiene dos frentes: el interno, con las instituciones públicas; y el externo, con el apoyo de organismos internacionales. El pasado martse 19 de febrero de 2019, se impulsaron dos nuevas iniciativas.
Por la mañana, el Consejo de la Judicatura y la Secretaría Anticorrupción se unieron al Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el que ya son parte la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). La finalidad del convenio es fortalecer la lucha anticorrupción a través del intercambio de datos, coordinación de acciones para recuperar los capitales robados, elaborar proyectos de investigación en conjunto, entre otros mecanismos.
Más tarde, en la Cancillería, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, se reunió con los diplomáticos y les habló sobre el nuevo proyecto del presidente Lenín Moreno. Este consiste en crear una Comisión Anticorrupción Internacional, con el apoyo de la ONU, la OEA, Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el cuerpo diplomático. La idea, dijo, es que expertos internacionales “diagnostiquen, cuestionen, resuelvan y apoyen la detección, investigación y judicialización de los casos de corrupción; y la recuperación del dinero lavado”.
Entre los invitados estaban el representante del Sistema de las Naciones Unidas, Arnaud Peral, y el embajador de Estados Unidos, Todd Champman. Con estas propuestas ya son ocho las iniciativas anticorrupción que se han implementado en este Gobierno. Pese al trabajo, hasta el momento el Estado no ha recuperado activos de origen ilícito ni los exfuncionarios del anterior gobierno han pagado las millonarias glosas señaladas por la Contraloría General. Esto lo advierte Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción.
El pasado martes 19 de febrero de 2019, por ejemplo, en la Unidad Penal de Guayaquil se debía analizar el mecanismo legal para consignar los USD 13,5 millones que el empresario Tomislav Topic prometió entregar al Estado, dentro de una indagación por supuesto lavado en el caso Odebrecht. Pero la audiencia no se produjo. El abogado del empresario aseguró que el juez del caso estaba en otra diligencia. Para Rodas, la “lucha anticorrupción es compleja y se requiere de muchos esfuerzos”, incluido el de la sociedad civil. “Lo que preocupa es (tener) una Asamblea Nacional que no ha sido capaz de elaborar una Ley Anticorrupción, no ha aprobado la muerte civil y tampoco se ha tratado la extinción de dominio.
Eso preocupa”. La primera iniciativa impulsada por Moreno fue la creación del Frente contra la Corrupción, en junio del 2017. Luego, el Gobierno firmó un acuerdo con la ONU para que audite cinco megaproyectos del gobierno de Rafael Correa. Las obras evaluadas fueron las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico; la terminal marítima Monteverde; el poliducto Pascuales-Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto.
En estas, el ente halló USD 2 500 millones de pagos en exceso. Desde el 2018, el Gobierno mantiene un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) para capacitación de judiciales y de funcionarios que laboran en entidades de control como el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, Superintendencia de Compañías, entre otras. Esta oficina de la ONU y el Banco Mundial también interviene en la denominada iniciativa STAR. Se trata de otro programa de asistencia internacional para recuperar activos de origen ilícito y fortalecer las leyes y marcos normativos.
Dentro de este proyecto se creó el Grupo de Enlaces Interinstitucionales de Recuperación de Activos (GEIRA), que consiste en mesas de trabajo donde se delinean las estrategias para recobrar el dinero público que fue malversado. Desde la Fiscalía hay otro programa activo desde el 2018 y que tiene el mismo objetivo: localizar y ubicar el dinero de la corrupción.
Este proyecto tiene el apoyo del Instituto de Gobernanza de Basilea (Suiza). Ayer, Santiago Cuesta, consejero del Presidente, afirmó que la Función Judicial ha fallado en la lucha anticorrupción. Con su argumento justificó la creación de la Comisión Anticorrupción Internacional. “El Presidente ha tomado una decisión de pedir ayuda a organismos multilaterales y mundiales, fuera de toda duda, para que vengan a ayudar a la justicia ecuatoriana”. Y agregó: “Tenemos serias dudas de la manera como se está manejando la justicia en casos de corrupción”. En medio de estos anuncios, se difundió un reportaje que vincula a los familiares de Moreno con empresas constituidas en paraísos fiscales. Al respecto, Granda dijo que el Mandatario “no pone las manos al fuego por nadie”.
La fiscal General (e), Ruth Palacios, añadió que abrirá una investigación si se detecta algún ilícito. Casos pendientes en la Fiscalía Caso Odebrecht El 13 de diciembre del 2017, tras la condena del exvicepresidente Jorge Glas, el juez Édgar Flores pidió a la Fiscalía que investigara otros siete delitos: cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos. Estos expedientes aún se encuentran en indagación previa y la Fiscalía dice que las investigaciones están dentro de los plazos que establece el Código Integral Penal.
Delito organizado Desde septiembre del 2018, el exlegislador César Montúfar impulsa una denuncia por delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Además señaló a José Serrano, Alexis Mera, Carlos Baca Mancheno, Galo Chiriboga, Carlos Pólit y el exprocurador Diego García. Montúfar se presentó en la Fiscalía para reconocer su firma para que la denuncia siga, pero el proceso no tiene avances. Pagos excesivos Cinco proyectos estratégicos que arrancaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa se pagaron USD 4 900 millones, cuando debieron costar la mitad. A esta conclusión llegó la auditoría realizada con el apoyo de Naciones Unidas.
En enero de este año, la Fiscalía dijo que pese a las limitaciones en cuanto al personal este tema será prioritaria para la entidad, pero los casos siguen en indagación previa. Manduriacu La investigación por la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Manduriacu a la constructora brasileña Odebrecht sigue abierta. En septiembre del 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que la obra fue entregada a la constructora por USD 124,8 millones y que al final costó USD 227,38 millones. Por este caso, en enero de este año se presentaron dos denuncias más en la Fiscalía General del Estado.
El caso sigue la oficina de Investigaciones Previas y es reservado. Petrochina La indagación por el caso Petrochina se abrió en el 2016 y hasta el momento los investigadores han recogido versiones, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa. En junio del 2018 la Fiscalía pidió a Criminalística que designe a dos peritos para extraer material de un CD y de un flash memory dentro de este caso. El disco contiene la sesión que el Consejo de Administración de Petroecuador mantuvo el 23 de junio del 2009, cuando las empresas estatales firmaron el contrato de compra-venta de crudo.
