DÉFICIT FISCAL, LA CAUSA DEL GOBIERNO PARA ‘ESCASA’ OBRA.

En julio del 2018, Lenín Moreno entregó, para el tráfico de 17.000 vehículos, la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, que une Azuay y Cañar; costó $ 135 millones. “La verdad es que mucho dinero no ha habido. La verdad es que recibimos cuentas en estado muy difícil”, dijo entonces el mandatario.

A las puertas de terminar su gestión, las cifras que reporta el Ministerio de Finanzas confirman la escasa inversión del Gobierno en obras públicas, según consta en el Plan Anual de Inversiones, que detalla los proyectos sociales que recibieron recursos del régimen.

Este plan, que en el 2017 se ubicaba en $ 4.706 millones y significaba el 30,8% del presupuesto del Estado, se fue reduciendo hasta llegar en el 2020 a $ 2.854 millones, lo que equivale a 9,5% del presupuesto.

El plan comprende gastos en personal, bienes y servicios, donaciones y obra pública neta. Este último rubro pasó de$ 1.451 millones en 2017 a $ 207 millones en el 2020. Y con esto se hicieron algunas obras.

Finanzas detalla que en el 2017 se entregaron recursos para la construcción del Metro de Quito ($ 300 millones) o la carretera Sigsig-Matanga-Gualaquiza ($ 40 millones). En el 2018, las inversiones se enfocaron, nuevamente, en el Metro de Quito ($ 474 millones), en la operación de los corredores viales ($ 96 millones) y en el mejoramiento de la distribución de energía eléctrica ($ 40 millones).

”Pasó a segundo plano el sector eléctrico… (cuando) este sector está en todas partes, en producción, salud, hogar, tecnología, conectividad… No existe algo que se mueva en el país si es que el sector eléctrico no está ahí”, afirma Víctor Coloma, presidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (Crieel).

Él cree que la gestión del Gobierno en lo eléctrico ha sido “pobre”, porque no han tenido proyectos nuevos, y considera que se cometió el “error” de fusionar el Ministerio de Energía con el de Recursos Naturales Renovables.

En el 2019, la obra pública se limitó a la reconstrucción de vías afectadas por el terremoto del 2016 ($ 48 millones), a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y se priorizó la obra social, con el plan de vivienda Casa para Todos ($ 167 millones).

El año pasado, con la pandemia del COVID-19, la obra pública fue remplazada por el plan de vivienda ($ 498 millones), la reactivación productiva ($ 179 millones) y el bono de protección familiar de salud ($ 90 millones).

El presupuesto del MTOP, que incluye el gasto en personal, el mantenimiento de ciertas vías y la inversión en algunos proyectos, también disminuyó: pasó de $ 901 millones a $ 263 millones.

Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y titular de Congope, afirma que no han recibido del Gobierno un apoyo mayor al que por ley les ha correspondido. Incluso, con retrasos en las asignaciones, que suman una deuda con las prefecturas que supera los $ 600 millones.

No ha habido obra pública casi, no ha habido. Le estoy dando números de cuántas fuentes de empleo se han perdido

Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción.

Históricamente, explica Ocampo, la construcción ha significado el 10% del Producto Interno Bruto, incluyendo trabajo formal e informal. “Hemos llegado al 20% y hoy hemos decaído al 7,7%”, agregó el constructor y resaltó que en el último año (de marzo del 2020 a abril del 2021) se han generado 83.390 actas de finiquito o despidos.

El analista económico Jaime Carrera coincide: “En infraestructura, prácticamente no se ha hecho nada… Lo que ha hecho el Gobierno es mantener ciertas carreteras, ciertas infraestructuras, pero la obra pública realmente es inexistente, más bien decreció por problemas fiscales”.

Ocampo agrega que se debió pensar en las obras prioritarias del país y no en proyectos no necesarios como el tren playero. (I)

‘Hemos tenido limitación con las asignaciones’

El Ministerio de Transporte, según el viceministro de Infraestructura, Ricardo Paula, requiere $ 1.500 millones anuales para cumplir con la planificación y atención a la red vial e infraestructura de transporte, pero los recursos en 2020 fueron de $ 263 millones por la pandemia. De eso, el 70% se destina para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento.

“Hemos tenido una limitación respecto a las asignaciones presupuestarias anuales”, refiere Paula y justifica que esto se debe a las complicaciones económicas que ha tenido el país desde el 2015, que se acentuaron más con la pandemia del COVID-19. “Esto ha generado la necesidad en el gobierno que enfoque y priorice el uso de los recursos en el área de la salud”, agrega Paula, quien destaca algunas obras nuevas: el anillo vial en Santo Domingo con ampliación a cuatro carriles ($ 17 millones); dos tramos viales de 90 km que conectan Esmeraldas con Imbabura ($ 80 millones); y la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Manta ($25 millones).

Paula enfatiza, además, en la implementación de un modelo de gestión vial, llamado mantenimiento por resultados, que consiste en contratar la rehabilitación y mantenimiento de siete corredores viales por cinco años, con una inversión de $ 192 millones. “Implica una puesta a punto de calzada, atención de puntos críticos y estabilización de taludes en casos requeridos, implementación de señalética total y el mejoramiento de los sistemas hidráulicos viales, dentro del primer año de ejecución. Luego, el mantenimiento es a cuenta y riesgo de las empresas a cargo, por cuatro años adicionales”, explica el funcionario.

Tres corredores están en el primer año de ejecución: Mataje-Esmeraldas (Esmeraldas), los tramos Cojimíes-Pedernales y El Carmen-Flavio Alfaro-Chone-Tosagua-la Y de Rocafuerte (Manabí) y de Riobamba hasta el límite provincial con Cañar (Chimborazo). Otros dos (Baeza-Reventador-Lago Agrio y Baeza-Cotundo-Tena) están recientemente adjudicados; y los dos restantes (Zhud-Biblián-Cuenca y Balbanera-Pallatanga-Cumandá) quedan, agrega Paula, para que la próxima administración inicie el proceso de contratación.

El Ministerio ha concesionado cuatro carreteras: Naranjal-Tenguel, Santo Domingo-Buena Fé, Buena Fe-Jujan y el Acceso sur-Cuenca, las dos últimas aún no se han firmado el contrato. La vía Guayaquil-Playas-Santa Elena no está dentro de las vías delegadas, porque fue iniciada en el régimen anterior.

De los 10.350 km de la red vial estatal del país, el 70 % se encuentra en condiciones “buenas”, lo que significa que la calzada presenta una adecuada transitabilidad con presencia menor de baches o fisuras, explica Paula. Un 20% de las carreteras están “muy buenas” y el restante 10% requiere, estima, una inmediata intervención.

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.