Harold Burbano, coordinador General de Protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo (DPE), acudió esta tarde al Complejo Judicial Norte, en Quito, para presentar la acción de protección por los cobros excesivos de energía eléctrica y en salvaguarda de los derechos de las personas usuarias y consumidoras de este servicio público domiciliario.
Esta fue la medida tomada por la Defensoría del Pueblo, en contra de una supuesta la errónea política pública del Estado ecuatoriano en relación a los altos valores en la facturación y el control para realizar los registros de consumo de parte del personal de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en el país.
Burbano dijo que la petición de la Defensoría es que se suspenda todo cobro declarado como ilegítimo de parte de las y los usuarios y cuya queja formal reposa en las respectivas empresas. Además, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Arconel dialoguen para construir una política pública adecuada que garantice los derechos de las personas usuarias, que no se den cobros excesivos y que la facturación tenga un tarifario adecuado directamente relacionado con el nivel de vida de cada persona.
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El funcionario dijo que es necesario el establecimiento de ciertas condiciones que permitan arribar a una política adecuada en cuanto al tema de la facturación de, al menos 1.200 quejas recibidas por la DPE, y también de cerca de las 17.000 que recibió Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC) y en las empresas de provisión de energía eléctrica, que sobrepasaría el medio millón de personas afectadas por esta situación en todo el Ecuador.
La ARC indicó en estos días que está trabajando en un tarifario que regirá para 2022 y que se tomarán en cuenta ciertos errores como los techos estacionales o las consecuencias del confinamiento en el incremento de la tarifa.
