Con versiones contradictorias concluyó el segundo día de comparecencias en la sustanciación del juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que lleva a cabo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por supuesto incumplimiento de funciones.
La Comisión se reinstaló este 30 de agosto para escuchar varias comparecencias de funcionarios de organismos internacionales a los que está adherida la Defensoría del Pueblo, así como de servidores de la Policía Nacional que prestaban seguridad a Carrión.
El juicio político lo impulsan los legisladores Ricardo Vanegas (PK) y Yeseña Guamaní (ID), después de que Carrión participó el 15 y 16 de mayo en una reunión en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí, que terminó en una riña y con una denuncia de presunto abuso sexual.
Con el avance de los relatos de los convocados, los legisladores dirigen su investigación a un presunto mal uso de recursos públicos para un evento particular, así como al haberse encontrado en la casa de Falconí $ 47.000.
Entre los convocados estuvieron el oficial de la Policía Nacional Alaín Luna, jefe de la Zona 9 de Quito; los policías encargados de dar seguridad a Carrión: Darwin Naranjo y Jhonny Lema; además del presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, y el exministro de Gobierno Gabriel Martínez.
Luna relató que la madrugada del 16 de mayo recibió una llamada de un oficial de Inteligencia para alertarle del hecho ocurrido en la casa de Falconí. Este último, en un primer momento, denunció que personas extrañas habrían querido ingresar a su domicilio para robarle y que habrían ultrajado a su esposa.
Con el pasar de las horas y la verificación de los videos de las cámaras de seguridad del departamento, se confirmó que se trató de una pelea entre Carrión y Falconí, y en la que la pareja del exministro había sido presuntamente ultrajada.
Luna dijo que el exministro Martínez le envió un mensaje de voz por WhatsApp, informándole que los involucrados no iban a poner una denuncia. Pero el oficial le respondió que los policías que se encontraban en el lugar concluirían el procedimiento y que sería la autoridad competente la que defina si existió o no un delito que investigar.
Agregó que Carrión y la víctima fueron traslados a centros médicos privados y no públicos, porque debían buscar atención urgente.
El teniente de la Policía Darwin Naranjo, parte de la seguridad de Carrión, narró que recibió una llamada de uno de sus colegas cinco minutos antes de la medianoche del 16 de mayo, informándole de este percance.
Cuando llegó al departamento de Falconí observó que él y Carrión estaban golpeados, y a un equipo del Cuerpo de Bomberos que asistía a la víctima.
Confirmó que vio en el lugar al sobrino de Carrión, Ángel Carrión; y que en esta reunión privada se utilizó el vehículo de la Defensoría del Pueblo y el conductor asignado, además de otros oficiales parte de la escolta de seguridad del defensor del Pueblo.
En el turno de Jhonny Lema, integrante desde hace un año de la “cápsula de seguridad” de Carrión, este contó que no fue detenido; y que, al contrario, el defensor se fue al departamento de su sobrino.
Al llegar a ese departamento, ubicado en el sector de Iñaquito, Carrión le dijo que se retirara y no conoció más de él hasta las 08:30 del domingo 16 de mayo, cuando fue informado de que la autoridad tuvo un “quebranto en su salud”.
Ese día, Carrión fue trasladado a una clínica privada, y el equipo de seguridad gubernamental permaneció resguardándolo hasta el lunes 17 de mayo, en que fue llevado a la cárcel 4 de Quito, en donde se mantiene hasta la actualidad, investigado por presunto abuso sexual.
Lema aseguró que en “ningún momento” fue informado de que Carrión había sido detenido.
Villavicencio, presidente de la Comisión, y los interpelantes cuestionaron que el defensor no haya sido detenido, pese a que, en declaraciones de otros servidores policiales convocados a la sesión el pasado viernes, informaron que sí, al constatarse un delito flagrante, como era la violación al estado de excepción y toque de queda.
El presidente del COE, Juan Zapata, también convocado, aclaró cuáles fueron los procedimientos que se realizaron en el ECU-911, y que la llamada alertando de esta riña provino de una “vecina”.
Dijo que recibió llamadas de los medios de comunicación para conocer sobre el hecho, pero él no dio declaraciones, pues se trataba de un hecho relacionado con la violación del toque de queda, que era responsabilidad del Ministerio de Gobierno.
El exministro de esa cartera de Estado, Gabriel Martínez, otro de los convocados, asistió por videoconferencia y afirmó que él no tiene ninguna amistad con Falconí y que no ha viajado “a ningún lado” con el exministro.
Ratificó que tuvo una llamada de Falconí y que lo escuchó alterado y que notó que su reacción se debía a que tenía síntomas de haber ingerido alcohol.
El exministro también precisó que hizo una llamada a uno de los oficiales para pedirle que “continúe el procedimiento de ley, indistintamente de las personas que ahí se encontraban”. Es decir, que “proceda en un delito flagrante, que era llevarlo a la Unidad de Flagrancia”.
Por otra parte, Martínez evitó referirse a cómo se enteró de que en la casa de Falconí se encontraron $ 47.000, que es uno de los hechos que han llamado la atención de los legisladores de la Comisión de Fiscalización.
“Ese detalle se me fue informado durante conversaciones”, indicó Martínez sin dar más detalles, pese a que el legislador Vanegas insistía en esa pregunta.
Martínez también negó haber mantenido conversaciones con Juan Zapata, durante el conocimiento de este hecho. “Hubo muchas llamadas, no puedo precisar si conversé con Zapata. No tengo registro de él”, añadió.
Está previsto que mañana martes continúen las comparecencias, y se espera la presencia de la esposa de Carrión, Patricia Squetini.
