La Corte Constitucional recibió este jueves, 8 de junio del 2023, criterios a favor y en contra del Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo. La propuesta legal incluye la creación de zonas francas.
Este es el segundo decreto-ley del presidente Guillermo Lasso, tras la disolución del Parlamento. El texto fue remitido poco después del Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, en materia tributaria. Respecto a este último, la audiencia se dio el martes pasado.
En la diligencia, los ministros de Economía, Pablo Arosemena, y de la Producción, Julio José Prado, insistieron en que estos instrumentos se requieren para promover las inversiones y aumentar el empleo adecuado en el país. Argumentaron que Ecuador esta relegado en zonas francas en comparación a la región.
A su vez, el subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Jorge Benavides, y Ricardo Flores, delegado del Servicio de Rentas Internas (SRI), señalaron que esto no puede esperar seis meses, hasta que retorne la Asamblea para aprobarlo con los comicios anticipados del 20 de agosto.
«Estamos también con situaciones como la del fenómeno de El Niño, que puede ser un evento de fuerza mayor que se avecina, que no va a esperar al nuevo Presidente ni a la nueva Asamblea», apuntó Flores. Resaltó que este proyecto ley crea incentivos tributarios para zonas de frontera.
Objeciones de gremios
Sin embargo, los gremios de camaroneros y exportadores de cacao objetaron la propuesta del Ejecutivo. Expresaron su desacuerdo con una disposición transitoria que modifica unilateralmente los contratos de inversión que ya están vigentes.
«Esto contraviene la primera y más importante regla del juego: no pueden cambiar las reglas de juego, afectando el elemento de la certidumbre o la certeza del derecho a la seguridad jurídica y lesionando, por tanto, este derecho», manifestó José Acosta, abogado de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Andrés Cervantes, de AmeCacao, advirtió que los contratos de inversión cuentan con cláusulas de arbitraje internacional, lo que supone que el Estado ecuatoriano podría ser condenado «por la violación del trato justo y equitativo, al no respetar las mismas reglas».
Piden no dar paso
A los cuestionamientos se unió el exlegislador del correísmo, Virgilio Hernández, y Jorge Sosa, excoordinador de la Unidad Técnica Legislatica (UTL) de la Asamblea disuelta por Lasso. Sosa adujo que la Asamblea nunca ha tramitado de modo simultánea proyectos de ley urgentes en materia económica, ya que eso no lo permite la Ley, por lo que instó a la Corte a tomar esta postura.
Igual criterio tuvo Hernández, quien dijo que este decreto-ley también violenta las regulaciones sobre conflictos de interés, por lo que consideró que la Corte «no debe admitir la constitucionalidad» del proyecto.
Sin plazos
La jueza ponente, Karla Andrade, cerró la audiencia por esta causa, sin adelantar un plazo para la presentación de un proyecto de dictamen que pasará a resolución del Pleno. Al igual que lo sucedido con el decreto-ley en materia tributaria que lleva cuatro semanas en análisis de la Corte, y que está en las manos de la jueza Alejandra Cárdenas.
Es la primera vez que se utilizan los decretos-ley. En la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional ni en los reglamentos de la Corte existe un plazo definido para una resolución.
