Consejo Nacional Electoral recibe una primera queja por evaluaciones

Quito –

La evaluación a los cinco vocales delConsejo Nacional Electoral (CNE) provocó una primera demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).

El 18 de abril, el ciudadano Marlon Pasquel Espín presentó una demanda contra la resolución emitida el 4 de abril por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición, con la que se dispone a evaluar a los consejeros Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes, Luz Haro y Mauricio Tayupanta.

Pasquel, que fue funcionario público, alega que lo aprobado en la pregunta 3 de la consulta popular del 4 de febrero dispone que el Consejo transitorio evalúe a las autoridades designadas por el CPC “cesado” y que los consejeros mencionados no fueron electos en ese periodo, sino en el 2011 y 2014.

“La evaluación y la posible anticipación de terminación de periodos de los vocales del CNE es ilegítimo e inconstitucional”, cita el documento, en el que se subraya que “de manera grave vulnera las disposiciones constitucionales y genera en la sociedad un ambiente de inseguridad jurídica y especulación sobre el alcance de las potestades y atribuciones del Consejo transitorio”.

Y pide a la Corte que “disponga la suspensión provisional” de la resolución.

El presidente del Consejo transitorio, Julio César Trujillo, defendió los mecanismos de evaluación de autoridades que están ejecutando.

“Al pueblo le rendiremos cuentas de las cosas que estamos haciendo, el pueblo hasta ahora parece que nos está juzgando bien, aunque los afectados dicen que estamos actuando mal, pero ciertamente, no estamos esperando el aplauso de ellos”, señaló.

Trujillo indicó que ellos tienen la “facultad de dictar normas de rango constitucional que regulen las designaciones que tengamos que hacer, lo que digan estas (normas) va a prevalecer aun sobre lo que diga la Constitución, porque son las que favorecen el cumplimiento del mandato que recibimos del pueblo ecuatoriano”.

El CPC está evaluando a los vocales del CNE y del Consejo de la Judicatura (CJ), al fiscal Carlos Baca, al superintendente de Bancos, Christian Cruz; al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, y la superintendenta de Compañías, Suad Manssur.

Estos expedientes son investigados por equipos técnicos que deberán emitir sus informes, los cuales a su vez serán analizados por actores universitarios, según lo determina el denominado Mandato de Evaluación

Fuente: eluniverso.com

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