Un total de 27 personas que mantenían cargos de libre nombramiento y remoción, y cumplían funciones de delegados del Consejo de la Judicatura (CJ) en las 24 provincias del país fueron cesadas el lunes último por el actual pleno del Consejo.
El CJ resolvió dar por terminadas las funciones de los delegados de la institución y en su reemplazo se designará a juristas cuyos nombres se escogerán de listas de candidatos que envíen las facultades de Derecho de las distintas universidades del país, así como las organizaciones sociales.
Ya se enviaron cartas a los rectores de 31 centros de estudios superiores públicos y privados del Ecuador para que apoyen con la designación de candidatos. En el documento se señala que la academia debe jugar un rol esencial en la restauración del Estado democrático, la independencia de poderes y la justicia transparente. Las universidades deberán enviar sus propuestas, a más tardar, el 11 de julio de 2018.
Marcelo Merlo, presidente del CJ, explicó esta mañana en una entrevista radial que ya se tramitaron las acciones de personal y paralelamente se resolvió que para las nuevas designaciones, no tenga que ver nada el interés personal de ninguno de los miembros del CJ.
«Se dirigió una atenta nota a las universidades y otro oficio a las organizaciones sociales para que ellos nos propongan los nombres de 108 personas de las mejores del país. A estas personas las someteremos al escrutinio público durante tres días y una vez que depuremos esa lista, tomaremos la decisión de, a los mejores, designar nuestros delegados en las provincias del país», apuntó Merlo.
El vocal del CJ Juan Pablo Albán, señaló ayer que esta convocatoria a las organizaciones es abierta y no está dirigida a gremios específicos. El objetivo sería lograr una amplia participación, y por ello el proceso de designación contará con una etapa de impugnación en la que se podrá, con fundamentos y pruebas, cuestionar a los postulantes.
«Debe ser una impugnación debidamente sustentada, no basta con un simple rumor. Nuestra intención es escoger a los mejores ecuatorianos para representar al Consejo de la Judicatura en esta visión de lo que debe ser la justicia independiente», señaló Albán.
A decir de Albán, el cambio de delegados provinciales del CJ era necesario, pues, en más de un caso, las personas que cumplían esas funciones en el Consejo de la Judicatura cesado, «no se limitaban a la labor administrativa que por ley les correspondía sino que, además, interferían en algunos aspectos de la actividad jurisdiccional».
Fuente: eluniverso.com
