La Comisión de Fiscalización calificó, este 30 de junio, el juicio político que deberá enfrentar el contralor del Estado subrogante, Pablo Celi, con seis supuestos incumplimientos de funciones relacionados con delincuencia organizada, arrogación de funciones, interferencia en el proceso electoral y extralimitación de funciones.
La etapa de prueba de cargo y de descargo, de quince días, se iniciará este 1 de julio tras la notificación tanto al acusado como al interpelante. Paralelamente, la comisión abrirá la fase de comparecencias y la práctica de diligencias solicitadas por el acusador, y aquellas que también se soliciten en la mesa.
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó la moción presentada por el asambleísta Pedro Velasco (BAN), donde se dispone que una vez que se avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del contralor general subrogante del Estado, Pablo Celi de la Torre, y luego de verificar que es funcionario sujeto a enjuiciamiento político se procede a calificar el trámite por cumplir los requisitos constitucionales y legales, y dispone la respectiva notificación con el inicio del juicio político para que el funcionario acusado y al solicitante de la interpelación para que en el plazo de quince días, presenten las pruebas de descargo y de cargo.
El asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Juan Lloret, es el principal acusador en este proceso político; aunque desde el sector de Pachakutik se anunció que también presentará un pedido de interpelación por los últimos acontecimientos registrados en la Contraloría, tras la detención de Pablo Celi, por una investigación penal iniciada por la Fiscalía del Estado.
La Comisión Nacional Anticorrupción sostuvo que es imperativo que la Asamblea Nacional lleve adelante el juicio político al contralor subrogante, y que este contribuya a las investigaciones de la Fiscalía para desarticular la red institucionalizada en la Contraloría, que a su criterio también se ha diseminado en algunas delegaciones provinciales de esa institución, que ha facilitado la desaparición de glosas, el encubrimiento de la corrupción en algunos sectores públicos y privados y en ciertas esferas de poder.
El país exige seriedad, transparencia y verdad, señala el comunicado de la Comisión Anticorrupción, tras señalar que el juicio político al contralor Pablo Celi no puede constituirse tan solo en un antecedente para el recambio de la máxima autoridad de control del Estado.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, al comparecer ante la Comisión de Justicia del Parlamento, llamó a los legisladores a cumplir con su rol de fiscalización, pues “desde la Asamblea no se ha llegado a definir la situación política de las personas privadas de la libertad y que ejercen cargos; por lo tanto, siguen ejerciendo control siendo privados de la libertad”, anotó.
Acusaciones
El asambleísta Lloret aclaró que el juicio presentado contra Pablo Celi sí incluye el tema de delincuencia organizada, porque su pedido de juicio lo presentó el 5 de mayo; es decir, luego de la detención de Celi.
Que se incorporaron al expediente los últimos elementos públicos respecto a las causas por las cuales está siendo investigado el acusado por parte de la Fiscalía General del Estado, que se centra en la figura penal de delincuencia organizada, por desvanecimiento de glosas.
Entre las acusaciones consta arrogación de funciones al ejercer un cargo público que no le corresponde, vulnerando el artículo 229 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Para lo cual se incluye el mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio del 8 de mayo de 2019, donde se ratificó a Pablo Celi como contralor subrogante.
La segunda acusación se refiere al incumplimiento de funciones al dejar en la indefensión al Estado al no haber determinado las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht, lo cual ha impedido que las autoridades correspondientes puedan seguir los procesos penales pertinentes y se ha impedido, por lo tanto, que se ejecute una posible reparación integral a favor del Ecuador para recuperar los dineros que son producto de actos de corrupción.
Una tercera acusación se refiere a la inobservancia del artículo 31 numerales 5 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado al adjudicar un contrato de publicidad a favor de la empresa HDC Producciones, previamente cuestionada por la propia institución, donde además se vulneraron los términos de referencia, privilegiando de manera ilegítima a su gerente principal, Daniel Salcedo, hoy procesado por presuntos actos de corrupción.
Extralimitarse en sus funciones al interferir en las competencias de la Función Electoral es la cuarta acusación, y tiene relación con una supuesta pretensión del contralor subrogante de constituirse en un tribunal de alzada al tratar de revocar un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social.
El quinto elemento acusatorio también se refiere a la Función Electoral, pero se advierte de una interferencia en el proceso electoral, pues Pablo Celi pretendió obstaculizar e interferir en el proceso electoral, al solicitarle al Consejo Nacional Electoral que proceda a una auditoría de la plataforma tecnológica para el escrutinio electoral de segunda vuelta electoral.
La última acusación se refiere al caso de delincuencia organizada, donde el contralor subrogante habría incumplido funciones establecidas en el artículo 212 de la Constitución, los artículos 22 y 24 de la Ley de Servicio Público, que obligan a la Contraloría a determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas por el manejo de recursos públicos; pero según el interpelante, el contralor subrogante habría procurado desvanecer glosas por alrededor de $ 13 millones en la trama de corrupción en Petroecuador EP, conforme se desprende de la investigación llevada adelante por parte de la Fiscalía General del Estado por la presunta participación delictiva en el cometimiento del delito de delincuencia organizada.
