Que en el caso Sobornos no hay cohecho sino una infracción electoral por aportes de campaña, críticas al cuaderno escrito en 2018 por Pamela Martínez, reparos a la extracción de información de la computadora de Laura Terán, falta de una pericia de contratación pública que revele si hay o no ilegalidad en la entrega de contratos para obras nombradas en el caso…
Sobre estos temas señalados por los abogados de los 24 procesados en la causa Sobornos 2012-2016 como respuesta a la acusación por el delito de cohecho, deberán desde las 15:00 de hoy referirse en su réplica la fiscal general, Diana Salazar, y el procurador, Íñigo Salvador, como acusador particular.
El viernes concluyó el décimo día de la audiencia preparatoria de juicio que analiza la participación de doce exfuncionarios y doce empresarios en la entrega de contratos a cambio de aportes, en efectivo o por cruce de facturas, al movimiento Alianza PAIS (AP), para sus campañas electorales.
Salazar ha calificado al expresidente y procesado en este caso, Rafael Correa, como el “líder” de esta “bien estructurada organización delictiva”.
Fausto Jarrín, abogado de Correa, sostiene que contra su cliente hay falta de coherencia entre lo investigado y lo que existe. Asegura que se están trayendo normas derogadas para buscar sanciones más graves.
La fiscal deberá responder sobre el acuerdo de cooperación eficaz que existe con Pamela Martínez. El lunes se espera que la diligencia concluya, tras las réplicas, contrarréplicas y acuerdos probatorios. Luego la jueza Daniella Camacho resolverá si llama a juicio o ratifica la inocencia de los acusados.
