La Asamblea Nacional aprobó este miércoles una resolución sobre los hechos registrados durante el paro nacional de octubre, no determinó responsabilidades políticas, pero encargó a la justicia que investigue y señale a los responsables de actos delictivos cometidos durante la jornada de protesta.
Los votos de la aprobación provinieron de Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y CREO, votaron divididos, unos a favor y otros se abstuvieron.
Tras la lectura del informe, que implicó 54 días de investigación, se abrió el debate y el presidente de la comisión ocasional, Fernando Burbano, defendió el documento e hizo un llamado al Gobierno, líderes, dirigentes políticos y sociales al diálogo.
Consideró que es la Justicia la que tiene que establecer las responsabilidades, y por eso, dijo, que la comisión se ha negado determinar y señalar nombres de los actores sociales y políticos, en este informe.
Planteó que el informe vaya a la Fiscalía, y que en un plazo de 30 días comunique cuál es el resultado de la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales.
También consideró que es necesario fortalecer a la fuerza pública en preparación y defensa de derechos humanos.
Igualmente, pidió al Gobierno realice un esfuerzo para la identificación de los muertos y heridos, para que no haya inconsistencias en el número. Así como a la Defensoría del Pueblo que proceda a individualizar los casos y llegar a una reparación de las víctimas, y advirtió que sino se hace eso, muy pronto le cobrarán al Estado por las reparaciones.
El legislador César Rohón (PSC) cuestionó la tibieza del informe y exigió que se debe incluir nombres de las personas que causaron caos; llamaron a las Fuerzas Armadas a desobedecer al Presidente de la República; dejaron sin agua a los ciudadanos y propiciaron saqueos.
A las críticas se sumó el legislador, René Yandún (BIN), quien pidió explicaciones por qué en el informe no se incluye quien financió la manifestación de los indígenas; si hubo o no un acuerdo político entre un partido político y los dirigentes del paro; quién realizó el entrenamiento táctico, operativo y estratégico de los manifestantes que utilizaron mecanismos subve