ARMADA DEL ECUADOR: “ACCIONES DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS SON ILEGÍTIMAS”.

La Armada del Ecuador emitió un comunicado para calificar de ilegítimas las acciones de la Prefectura del Guayas respecto al término unilateral del contrato de dragado. Sostuvo que la resolución judicial que le concedió medidas cautelares puso fin a “violaciones constitucionales en contra del debido proceso y del derecho a la defensa, contemplados en los artículos 76 y 82 de la Constitución”.

Aludiendo incumplimiento de contrato, el prefecto Carlos Luis Morales hizo oficial el finiquito en la sesión de Consejo Provincial del 21 de agosto pasado, pero la decisión había sido tomada incluso antes de que el funcionario asumiera el cargo en relevo de Jimmy Jairala.

“La draga nunca llegó”, argumentó Morales, quien recibió la réplica del contralmirante Darwin Jarrín, comandante general de la Armada del Ecuador. “Cómo vamos a traer la draga si la Prefectura no nos entrega el 100% del terreno para el sedimento”, expuso el miércoles 4 en una rueda de prensa.

El jueves 5, aquella resolución judicial dejaba sin efecto jurídico la decisión de la Prefectura, pero Morales señaló que no había esa repercusión porque la Armada ya estaba notificada del finiquito. Dudó del criterio del juez al estudiar y resolver sobre un caso que le tomaría semanas “a un profesional experto”, incluso aludió su parentezco con un servidor de la institución militar.

En su comunicado, la Armada remarcó: “La acción recayó, luego del sorteo de ley, en la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes del Guayas, que después de conocer y analizar los motivos de nuestra petición, resolvió y ordenó la suspensión inmediata del proceso de terminación unilateral…”.

Sostuvo que la concesión de medidas cautelares fue notificada a la Prefectura el miércoles 4, “un día antes” de que el organismo adoptara el mismo trámite respecto al finiquito.

La Prefectura indicó el martes que preparaba las bases para un nuevo concurso de carácter internacional, que el pacto con la Armada fue “legalmente terminado” el miércoles 4 “antes de que el juez Aquiles Dávila pretendiera suspenderlo”.

“Las instituciones no cometen irregularidades, sino ciertos funcionarios”, dijo al tiempo que mencionó que esos servidores deben responder por sus actos ante las autoridades.

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