Los jueces de la Corte Nacional de Justicia Édgar Flores y Luis Enríquez resolvieron que la prisión preventiva dictada contra Alexis Mera, exfuncionario en el régimen de Rafael Correa, era exagerada; además, que la Fiscalía no demostró los requisitos de ley para solicitar dicha medida cautelar.
Por ello, con el voto salvado del conjuez David Jacho, quien reemplazo a la jueza Sylvia Sánchez, el Tribunal decidió sustituir la prisión preventiva por las medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
La decisión se tomó la noche de este miércoles, luego de la audiencia que trató la apelación a la prisión preventiva que había presentado Mera por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias por el caso Arroz Verde. La fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que el resultado de la audiencia era lo que se esperaba y responsabilizó a la Función Judicial de no «hacer su trabajo».
«La Fiscalía está actuando a fin de que estos hechos relacionados con la corrupción no queden en la impunidad; sin embargo, (en) la Función Judicial se nota que no está haciendo su trabajo…», sostuvo Salazar.
En esa diligencia, la Fiscalía General reveló que encontró el “archivo original” en donde se habría registrado los pagos del denominado caso Arroz Verde, con fechas, registros, nombres, entre ellos el del exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República.
La revelación fue parte de uno de los argumentos que mencionó la fiscal general, Diana Salazar, ante el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Según Salazar, en el marco de los allanamientos que se hicieron a los edificios de la Presidencia de la República, se encontró el computador de Laura Terán, excolaboradora de Pamela Martínez, está última exasesora de Correa y presunta autora de los llamados “cuadernos” del caso, en donde se registraban supuestos aportes de parte de empresas privadas -entre ellas la brasileña Odebrecht- para la campaña electoral de Alianza País (AP).
En dicho computador, la Fiscalía había encontrado “fechas, registros, y el nombre de Alexis Mera” que con fechas como el 23 de septiembre del 2013 se le había entregado $ 85.000; y en diciembre del mismo año, $ 265.000. “Eso consta como abonos. Las coimas no se pagan por el sistema financiero”, cuestionó Salazar, quien pidió al tribunal que se ratifique la medida de prisión preventiva porque existe un “incremento” de riesgo de fuga por parte de Mera.
Además, indicó que en una de las versiones de un funcionario de Carondelet, Pedro Espinosa, confirmó que fue a la oficina de Martínez a retirar “algunos sobres”.
Fausto Jarrín, defensa técnica de Mera, cuestionó el trabajo de la Fiscalía de cómo se realizó la investigación; al tiempo que insistió que no se notificaron a su defendido las diligencias que se iban realizando, “vulnerando su derecho a la defensa”.
Entre los principales argumentos de Jarrín para pedir la liberación de Mera, quien se encuentra en la cárcel 4 en Quito, es que él es el sustento de un hermano que padece cáncer de pulmón y su madre de 82 años.
Mera pidió hablar e ironizó que por causa de los “recuerdos de Martínez” solo él está preso. “No me voy a ir del país porque debo defender mi honra. Permítanme trabajar, tengo que mantener a mi madre. Permítanme defenderme en libertad”, insistió al Tribunal.
Expresó que él “no ha pedido plata; hay una versión hecha por Pamela Martínez que he pedido un sobre. Eso no se ha verificado. Estoy preso por la versión de una persona”, recalcó.
La diligencia estuvo presidida por el juez ponente Édgar Flores Mier, Luis Enríquez, y el conjuez David Jacho, quien reemplazó a la magistrada Sylvia Sánchez, que había solicitado licencia.
Flores Mier llamó la atención a la fiscal por dos ocasiones. En una, le cuestionó si iba a hacer su exposición leyendo, porque esta era una diligencia oral. Ella le respondió que eran los elementos de convicción los que se leían.
