69 AGENTES DE POLICÍA PROCESADOS POR EXCESO DE FUERZA EN EL 2018.

La discusión se desató luego del femicidio de Diana Carolina, en Ibarra. ¿Cómo debían actuar los policías que acudieron a la emergencia? Los jefes policías advierten que el personal no está prohibido de utilizar las armas. Pero uniformados que hablaron con este Diario aseguran que sí hay temor de hacerlo e identifican a los agentes que han sido procesados judicialmente.

Edwin es de ellos. A este policía de Manabí lo procesaron, porque con su arma terminó con la vida de una persona. Los jueces lo procesaron bajo esta figura legal: extralimitación en la ejecución de un acto en servicio. El Código Penal (art. 293) dice que este ilícito se configura cuando los militares, policías o agentes penitenciarios inobservan el uso progresivo de la fuerza.

El culpable puede ser penado con cárcel de 10 a 13 años. El año pasado, 69 policías enfrentaban un proceso judicial por ese delito. Pero desde el 2015 sumaron 299 casos a escala nacional.

Durante el juicio, Edwin dice que logró comprobar que actuó en defensa propia, pues asegura que todo comenzó porque ayudó a una mujer que era atacada con un cuchillo. Las indagaciones determinaron que cuando el policía se acercó a la escena, el armado intentó apuñalar a Edwin, pero este reaccionó con su arma.

Marcelo Ponce, abogado del policía, dice que mientras duraba la investigación, su defendido tuvo que presentarse ante una autoridad cada ocho días. La mayoría de casos que involucra a gendarmes se reporta en Guayas y El Oro. Mientras que desde el 2015, la mayor cantidad de expedientes se abrió en el 2017. “Nos sentimos atados de pies y manos”, dice un agente. Otro asegura que si disparan pueden ir a la cárcel.

El presidente de la Judicatura transitoria, Marcelo Merlo, advierte que una tarea pendiente de ese organismo es retomar la preparación de jueces para que existan especialistas en temas policiales. Tras los hechos ocurridos en Ibarra, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se dirigió a los policías y les aseguró que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán completo respaldo del Gobierno.

En octubre del año pasado, el ECU-911 alertó a la Policía de Manta que tres sospechosos robaron a pasajeros en un bus. Dos uniformados acudieron al lugar, pero los sospechosos huyeron. Entonces, comenzó una persecución. Finalmente, el auto en donde escapaban se detuvo. Uno de los sospechosos se bajó y apuntó con una pistola a uno de los policías. Un gendarme disparó contra el armado y este murió.

El agente enfrentó un proceso penal, aunque en enero de este año, el Tribunal de Manta ratificó su inocencia, porque se comprobó que el disparo fue en defensa de una tercera persona. Durante el proceso, el uniformado dice que debió contratar un abogado particular y asumir el costo de la defensa. Cuando hay este tipo de casos, el área de Defensa Institucional de la Policía da asesoramiento legal, pero no les representan en el juicio. José es otro agente procesado. Fue parte de la institución 10 años, pero salió tras enfrentar un proceso penal. Él recordó este jueves 24 de enero del 2019 que se encontraba junto a otros compañeros en un operativo de persecución contra una banda de sicarios en Portoviejo.

Los sospechosos empezaron a disparar contra el patrullero. Uno de los miembros de la banda se acercó a José y lo apuntó con un arma de fuego. El policía disparó y provocó la muerte del hombre. En la audiencia, el agente fue procesado por homicidio con exceso de fuerza en legítima defensa. Milena Almeida: ‘En Ecuador existe un retroceso’ Antropóloga-Instituto de Investigación de Derechos Para erradicar la violencia es necesaria una transformación de patrones culturales. Es decir, pasar de la idea y de la figura patriarcal, que domina, controla, castiga y ejerce violencia.

En esto la comunicación y la educación tienen un papel fundamental. Las formas de violencia se dan en los núcleos familiares, educativos o en la calle. Pero creo que en Ecuador hay un retroceso frente a una ideología que buscó deslindar los temas de género y sexualidad de todo proceso. Desde ahí llegamos al extremo para tomar una decisión frente a los temas de violencia. Pero por otro la lucha ha sido fuerte en estos últimos tiempos. Es una responsabilidad del Estado el trabajo de prevención y de contar con las instituciones competentes con presupuestos justos.

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO.

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