Con nueve votos a favor y dos abstenciones quedó aprobado ayer por la tarde el informe no vinculante de la Comisión de Desarrollo Económico sobre el veto de la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Equilibrio Fiscal.
Dicho informe será conocido por el Pleno de la Asamblea el próximo martes para su conocimiento y aprobación.
Antes de la votación, la Comisión debió conocer el segundo alcance al veto presidencial, el cual se refería a permitir que los contratos de inversión que se firmen puedan ser sometidos a centros de arbitrajes internacionales, entre ellos el de París y el de La Haya. Sin embargo, este punto se encontró con la crítica de los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa, que aseguraron que el documento contiene varias inconsistencias.
Sofía Espín (antes de AP) indicó que el alcance habría llegado a la Asamblea sin número de oficio y con la firma del presidente Lenín Moreno desde la ciudad de origen Quito cuando se sabía que él estaba fuera del país. Además explicó que no existe argumentación sobre los motivos del alcance cuando en el primer texto del veto se había indicado que no era procedente dicho arbitraje.
En cambio, para Patricio Donoso (CREO), el arbitraje era un requisito indispensable para generar seguridad jurídica a los inversionistas.
El informe establece que la votación en el pleno se hará en tres partes. La primera, en la que el acuerdo es allanarse en un 90% del veto. En el segundo paquete están siete puntos en los cuales los asambleístas intentarán ratificarse sobre el texto aprobado por la Asamblea antes del veto. Y finalmente un tercero sobre las reglas macrofiscales en el que la votación no ha sido acordada.
Sin embargo, ayer surgió otro punto de debate presentado por Rosita Orellana (AP), que pedía ratificarse en otorgar facilidades de pago en la remisión a empresas que certificaran pérdidas por dos años consecutivos anteriores.
Este tema ya se había votado y era extemporáneo pedir una reconsideración, por lo que se buscó una salida con una fe de errata. Así se insistirá en el pleno sobre las facilidades.
Durante la votación el argumento de los asambleístas afines a Correa que se abstuvieron de aprobar el informe fue que la ley no beneficia a los más vulnerables y que se permitirá al Gobierno seguirse endeudando e incluso que tras la ley vendrá una focalización de subsidios.
Ximena Peña (AP) explicó que la ley busca garantizar un periodo de transición para equilibrar la economía.
César Rohón (PSC), por su parte, destacó que si ahora se está tratando esta ley y la remisión es por la difícil situación en la que dejó el anterior Gobierno al país. Explicó que, por ejemplo, la remisión no ha sido pedida por los empresarios, sino que nace de la necesidad del Gobierno de liquidez.
Fuente: eluniverso.com
