Dirigentes del Movimiento Unidad Popular (UP) llegaron este jueves a la Fiscalía General para pedir que se incluya en la denuncia que presentaron, por tráfico de influencias, en septiembre del 2017, el informe certificado con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, con el que se cesó en funciones al Consejo de la Judicatura (CJ).
Para Geovanni Atarihuana, director nacional de UP, el informe del Consejo de Participación Transitorio demostraría que ha existido una red para controlar la justicia desde el Ejecutivo. Por ello, pidieron al fiscal general (e) Paúl Perez llame a declarar al expresidente Rafael Correa; al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; y al aún presidente del CJ, Gustavo Jalkh.
«Cuando el CJ bajo la presión del Ejecutivo interviene en fallos judiciales, hay irregularidades en la denominación de fiscales, notarios y jueces, evidentemente estamos ante un tráfico de influencias. El gobierno de Rafael Correa durante diez años le metió la mano a la justicia para perseguir a la gente honesta y encubrir a los corruptos», señaló Atarihuana.
Junto a este pedido, dirigentes de UP también pidieron al fiscal Pérez que solicite a la Asamblea la grabación de la versión que entregara Alexis Mera, en la comisión respectiva, en donde admitiría, «suelto de huesos», que «presionaba a los jueces por fallos concretos». También piden que se llame a declarar a Rafael Correa, a quien califica Atarihuana como «el jefe de esta banda».
El informe presentado por Julio César Trujillo y aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es totalmente contundente. Se establece que el Ejecutivo designó de manera ilegítima a funcionarios vinculados a Correa; se ha probado que hubo manoseo en la designación de fiscales y jueces, que se usó el error inexcusable como medida de presión para alcanzar juicios y sentencias de acuerdo al interés de Alianza País y de Rafael Correa, concluyó.
Fuente: Eluniverso.com
