El incremento de la deuda por encima del límite legal (40% del PIB), las irregularidades en la negociación y el uso del dinero de las preventas petroleras o el blindaje para mantener en secreto las operaciones constan entre las observaciones que la Contraloría incluyó en el examen especial a la deuda pública adquirida entre enero del 2012 y mayo del 2017.
La lectura del informe final se realizó ayer, en presencia de la comisión de veedores que en enero pasado se creó para acompañar a la auditoría. Allí están Eduardo Valencia, Patricio Alarcón, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, Ana Abril, Pablo Dávalos, León Roldós y Mariana Yépez.
La cita fue convocada para las 10:00 y a su ingreso, los veedores coincidieron en que una vez que se apruebe el informe definitivo –que tenga la firma del contralor subrogante, Pablo Celi– se debe clasificar y establecer con nombres, apellidos, montos y justificaciones las responsabilidades detectadas. A las 12:30, los veedores salieron sin pronunciarse.
Algunas responsabilidades ya fueron adelantadas por Celi, cuando señaló al Decreto 1218 –suscrito por el expresidente Rafael Correa– como uno de los instrumentos legales para maquillar la deuda y mantenerla artificialmente por debajo del techo permitido. También advirtió que las resoluciones del Ministerio de Economía para catalogar como secreta a la documentación fueron ilegales. En el periodo de revisión, Patricio Rivera y Fausto Herrera lideraron esa cartera.
Eduardo Valencia señaló que en el gobierno de Correa “nos mintieron”, pues la deuda “en realidad había llegado más allá del 60% del PIB”. Roberto Aspiazu dijo que “de la primera auditoría se van a derivar otras”, pues todavía falta revisar información.
La Ley Orgánica de la Contraloría contempla tres tipos de responsabilidades: administrativas (que se castiga con multas y destituciones), civiles (con glosas por el perjuicio al Estado) y penales (por el cometimiento de delitos).
A los veedores les preocupan las decisiones que tome el gobierno de Lenín Moreno sobre la política crediticia y concuerdan en rechazar cualquier intento de subir el techo. Eso, a propósito de las declaraciones del secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal, en el sentido de que se necesitaría una reforma sobre el techo de la deuda, o el hecho de que la ministra de Economía, María Elsa Viteri, participó de la moratoria de la “deuda ilegítima” en el 2008, cuando ejercía ese mismo cargo,
“Este es un rompecabezas al que aún le faltan piezas”, dijo Ramiro Crespo, al tiempo de asegurar que elevar el umbral para endeudarse “es el camino fácil, pero es el más inadecuado: si con el (techo del) 40% han hecho lo que han hecho, subirlo sería una locura”.
Fuente: eluniverso.com
