El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPC) declaró ayer cesados a los cinco vocales del Consejo Electoral (CNE) Nubia Villacís, Luz Haro, Ana Marcela Paredes, Paúl Salazar y Mauricio Tayupanta. Argumenta incumplimientos en la legitimidad del cargo, falta de probidad, ilegalidad en las principalización de suplentes, conflictos de intereses, abuso de autoridad, vulneración del principio de seguridad jurídica y demás.
La decisión se tomó con el voto de los siete consejeros transitorios. Y apenas sea notificada, los cinco consejeros electorales podrán presentar un recurso de revisión dentro de los siguientes tres días, y el CPC lo resolverá siendo la última instancia de decisión.
La plenaria se citó a las 16:00 de ayer, para conocer el informe de evaluación al CNE de cerca de 300 páginas, del que se hizo solo un resumen.
“No tienen legitimidad en el cargo” se decía de los consejeros electorales; pero de Salazar y Tayupanta se describió que tenían “estrechas vinculaciones” con el gobierno de Rafael Correa y no se alertó de este “conflicto de intereses”.
A Villacís, actual presidenta del CNE, se la acusó de no tener probidad ni capacidad para ocupar ese cargo, pues sus títulos académicos no estaban relacionados con el derecho electoral, y fue puntuada de “forma irregular” en sus méritos.
A Villacís y Haro se las cuestionó por declararse montuvia e indígena, respectivamente, para llegar al CNE, lo que fue observado como una “incongruencia” por las vocales. El CPC reconoció que la autodeterminación es un asunto personal, sin embargo, ellas habían dado otra información antes de su postulación al CNE.
Este informe se dividió en ítems y análisis de los cinco parámetros, que recogió también el análisis de unas 70 denuncias de la ciudadanía. Hubo una sección específica para analizar la designación de Paredes y Haro. Ellas eran suplentes. Paredes reemplazó a Gloria Toapanta, en el 2014; y, Haro a Juan Pablo Pozo, en el 2017, pero este proceso fue “ilegal”.
Dos horas después de la lectura, se concluyó que el CNE fue “integrado de manera ilegal”. Y puso en “riesgo la institucionalidad del país”, pues ha incumplido con la obligación de garantizar los derechos políticos para “favorecer a sus intereses”.
Fuente: eluniverso.com
