Hay ganas de votar en Tailandia. Cerca del 90% de los inscritos para depositar su voto por adelantado en las elecciones de este domingo lo han hecho ya. Algunos cálculos prevén que la participación puede rondar el 80% entre los 50 millones de tailandeses llamados a las urnas. Son los primeros comicios que se convocan en ocho años, después de cinco de gobierno de una junta militar. Tras años de crecimiento económico relativamente débil, de aumento de las desigualdades sociales, y un constante ciclo político en el que los partidos populistas ganan las elecciones y son depuestos vía judicial o militar, la población, especialmente los siete millones de nuevos votantes, reclama un cambio. Aunque no está tan claro que lo consiga.

“Por supuesto que voy a votar! ¡Creo en la democracia!”, comenta con brillo en los ojos y una enorme sonrisa en los labios Suttipong, estudiante de Derecho de 18 años en la Universidad de Khon Kaen, en el empobrecido noreste de Tailandia muy alejado de los rascacielos de Bangkok y la prosperidad de las playas turísticas. Para él y sus dos amigos, que asienten entusiasmados, será la primera vez que depositen su papeleta en una urna.

Todos, imberbes aún, repasan sus ejercicios de inglés con la fe de que es su pasaporte de futuro y se declaran convencidos de que “estas elecciones van a cambiar las cosas. Hay que cambiarlas. Hay que cambiar la economía, dar un impulso nuevo, abrir oportunidades”. Como muchos otros jóvenes por todo el país, piensan votar al nuevo partido Future Forward, liderado por el carismático empresario Thanathorn Juangroongruangkit. Un partido que, con sus promesas de cambio y retirada de privilegios a los militares, y un uso inteligente de las redes sociales, ha sabido captarse numerosas simpatías entre los hastiados del viejo sistema político.

La economía, desde luego, necesita atención. La inestabilidad política ha provocado una fuerte caída de las inversiones extranjeras. Los precios agrícolas se han desplomado, Desde 2017 se han perdido medio millón de empleos. El endeudamiento de las familias ronda el 77,6% del PIB. Tailandia se ha convertido en el país con mayor desigualdad social del mundo. La del domingo, advierte el historiador Chris Baker, “va a ser una votación más emocional que racional».

Pero el optimismo de Suttipong y sus amigos en que los comicios traigan un cambio puede ser prematuro. Los militares no están dispuestos a renunciar así como así al poder. Según explica el profesor Paul Chalmers, de la Universidad tailandesa de Naresuan, con la convocatoria de elecciones, cinco veces retrasada, la Junta busca “representar un ritual democrático como vía para mantener su influencia durante el futuro previsible”.

El primer ministro actual y líder de la junta militar, el general Prayuth Chan Ocha, aspirante a repetir al frente del Gobierno como candidato del partido Palang Pracharath, defiende lo que considera un legado de estabilidad. Su golpe de Estado en 2014 puso fin, más por las malas que por las buenas, a casi 15 años de enfrentamientos entre los partidos representantes de la oligarquía cortesana y las clases más pudientes, concentradas en Bangkok, y los menos favorecidos, especialmente en el norte y noroeste y leales al ex primer ministro populista Thaksin Shinawatra, exiliado desde 2008.

Pero ese mensaje no cuenta, aparentemente, con la suficiente popularidad. El Phuea Thai de Thaksin se sigue perfilando como el partido más votado en las encuestas. Según el profesor Anusorn Unno, de la Universidad Thammasat de Bangkok, el de 2014 “fue un golpe de Estado inútil: no ha conseguido deshacerse de los populistas ni de sus partidos políticos”.

Y ante esa constatación, la Junta ha tomado una serie de medidas. Estas elecciones se desarrollan tras una reforma constitucional pensada para evitar que se repita un nuevo triunfo de los partidarios de Thaksin. El sistema de voto dificulta que un solo partido se haga con la mayoría en el Parlamento y favorece a los partidos pequeños; el primer ministro saldrá de la votación de los 500 diputados de la Cámara Baja -elegidos por los ciudadanos- y los 250 senadores, nombrados a dedo por los militares.

Toda una serie de otras normativas sobre lo que se puede o no decir, el uso de las redes sociales, regulaciones sobre difamación -y, por supuesto, la ley de lesa majestad que amordaza cualquier mención a la familia real que no se deshaga en elogios-, han convertido la campaña electoral en una carrera de obstáculos para los partidos de la oposición, tan preocupados en conseguir votos como en evitar un mínimo error que pueda dar pie a una descalificación legal.

Ya lo sufrió en carne propia el partido pro Thaksin Thai Raksa Chart, que este febrero presentó como candidata a primera ministra a la princesa Ubolratana, la hermana mayor del rey Vajiralongkorn. Aquella iniciativa, que tomó por completa sorpresa a Tailandia, apenas duró tres días. El soberano vetó la candidatura, la comisión electoral la anuló y los tribunales, finalmente, ordenaron la disolución del partido y la inhabilitación de sus 214 candidatos. Los líderes de Future Forward también se han visto en entredicho por errores rápidamente corregidos en informaciones o supuestas calumnias.

El resultado de los comicios del domingo es impredecible, y puede tardar un tiempo en conocerse oficialmente: la Comisión electoral no necesita anunciarlo hasta mayo. Con una mitad de los votantes que se declaran indecisos, y los partidos divididos en tres bloques -los partidarios de la junta, las formaciones anti-junta encabezadas por Pheu Thai y Future Forward, y los leales al sistema pero que no se pronuncian por unos u otros-, los escenarios son múltiples.

Pero hoy por hoy dos cosas parecen ciertas: gane quien gane, tendrá que arremangarse para enderezar la economía. Y gane quien gane, los militares seguirán teniendo un gran peso en la política.