En la Superintendencia de Comunicación (Supercom) el personal administrativo trabaja en informes relacionados con su extinción. Ya están apagados los equipos con los que revisaban la programación y noticieros de 889 medios en la gestión de Carlos Ochoa, ahora prófugo de la justicia. No hay monitoreo ni está vigente la suscripción para recibir los periódicos.
El superintendente encargado, Édison Toro, aspira a que a mediados de julio la entidad cierre sus puertas: “Esto no es tan fácil, se pensaría que le dicen ‘cierre’ y uno coge las llaves y cierra, pero no es así”.
El 20 de febrero pasado se promulgó la reforma a la Ley de Comunicación, que en una de sus transitorias se estableció la desaparición de esta entidad. Dos días después, Toro comunicó al Ministerio de Finanzas el plan de cierre, que tiene un tema sensible: reasignar al personal en otras instituciones, o en último caso, liquidar.
A nivel nacional hay 125 funcionarios con nombramiento. De estas, 118 partidas (como se denomina a los puestos de trabajo) fueron solicitados por el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y otras 23 instituciones.
A Finanzas se le solicitó el dictamen para un potencial traspaso de partidas hacia el Cordicom y otras entidades. La decisión está en manos del ministerio, refirió la autoridad.
Hasta el momento, ninguna intendencia zonal ha cerrado. Hay un cronograma fijado que prevé que al 31 de mayo se “retirarán los rótulos” de las delegaciones en Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil. Al 30 de junio se “cerrarán las puertas” en Riobamba, Cuenca y Loja; y al 31 de julio, la matriz. Aunque Toro no reveló estadísticas, las denuncias que aún se mantenían abiertas –hasta el 20 febrero– fueron archivadas.
Incluso se notificó a la Contraloría del Estado para que cierre los procesos que tenían orden de coactiva. Y aquellos que están conociéndose en los tribunales administrativos de la justicia ordinaria “deberán solucionarse tomando en cuenta las transitorias de la Ley de Comunicación”, como que se resuelvan a favor del ciudadano y se extingan multas.
Sobre estas multas aplicadas por la Supercom, también deberán extinguirse y ascendían a los $ 2 millones por cobrar.
En casi un año en el que Toro estuvo al frente hubo 57 procesos administrativos, según la rendición de cuentas del 2018: 40 archivados, 4 sancionados, 1 absuelto y 12 en trámite.
Y al final de su encargo, hace una evaluación de lo que vio en la Supercom y concluye que en el “camino se fueron vulnerando derechos”. “Una institución como esta nunca debió existir. No es necesaria, es incluso inútil porque atentó contra los derechos de la libertad de expresión. Esto queda en ruinas, porque era necesario destruir esto”. Dice que no se protegieron derechos, “se sancionaban conductas con un sesgo muy fuerte”.
El 2017, cuando Ochoa era superintendente, se sustanciaron 116 procedimientos: 96 eran denuncias y 20 se hicieron por oficio. De ellos 41 tuvieron sanción, 39 fueron archivados, 24 en trámite y 12 absueltos.
Antes de ser censurado por la Asamblea Nacional, en marzo del 2018, Ochoa informó que en los casi cinco años que estuvo al frente de la Superintendencia sustanció 1.344 procesos de los que más de 550 se hicieron de oficio. Y por multas a la prensa se cobraron $ 754.690.
