Sin aún haber trabajado en la investigación de un caso de corrupción de “alto impacto”, la Comisión de Expertos Internacionales de Combate a la Corrupción en el Ecuador (CEICCE) terminó sus funciones este miércoles.
Ese día vencieron los 180 días que les daba el decreto 731 que suscribió el presidente Lenín Moreno, el 13 de mayo del año en curso, con el que creó esta instancia, integrada por cinco expertos extranjeros: Stacy de la Torre, Nicolás Rodríguez, Claudia Escobar, Vladimir Aras y Carlos Hernández.
El anuncio de su creación se hizo en un solemne acto al que asistieron decenas de autoridades, con la promesa de establecer mecanismos de lucha contra la corrupción.
Los comisionados tendrían una secretaría técnica a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de las Naciones Unidades (ONU), y su tarea principal era dar apoyo técnico a las entidades del Estado judiciales y de control de recursos públicos, en la investigación de casos de “alto impacto”, relacionados con corrupción, se menciona en el decreto.
En estos 180 días, los comisionados aprobaron su estatuto y las líneas de trabajo para su primer año en funciones. Pero ni el Gobierno ni la ONU han dado su aprobación.
Hernández reconoció que “a partir de hoy (jueves) la Comisión, de manera oficial, mientras no se notifique otra decisión, terminó y cesó su mandato, cumpliendo las funciones determinadas en el decreto”.
Contó que el miércoles tuvieron una reunión ‘virtual’ con representantes de la Cancillería ecuatoriana, a quienes les expresaron la falta de “claridad” en la actuación que tendrá la UNODC en la Comisión.
Esto había generado un impasse, pues la ONU da asistencias técnicas a los gobiernos, y esta comisión tiene un accionar más amplio. Es decir, “un esfuerzo así no puede limitarse a dar asistencias técnicas y acompañamiento”, dijo Hernández. A lo que se sumó que dar apoyo en casos de alto impacto también los “limitaría”.
Hernández rescata la intención del Gobierno de que hay “voluntad” de instituir esta instancia. Pero sí lamenta que no se haya aprobado la vía jurídica para existir y trabajar en el país; pues “la comisión debe tener independencia y autonomía, para lo que requiere un fundamento que podría aprobarse por la Asamblea Nacional, o por un acuerdo entre la ONU y el Estado”.
Desde el Palacio de Gobierno no hubo un pronunciamiento. Aunque el mandatario podría prorrogarlos en funciones, se conoció; esto porque en los últimos días se habrían dado reuniones “positivas” con delegados de la ONU.
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.
