Luego de varias horas de audiencia de formulación de cargos, esta madrugada en la Corte Provincial de Pichincha, a los ocho funcionarios municipales que fueron detenidos la mañana y tarde de ayer jueves, entre ellos los concejales Eddy S. y Sergio G., por supuestamente estar involucrados en un delito de asociación ilícita, se les inició una instrucción fiscal de 90 días.
Pese a que el fiscal Fabián Salazar solicitó la prisión preventiva para todos, el juez que llevó el caso consideró que la petición no cumplió con los requisitos constitucionales y legales para que opere la medida restrictiva de la libertad.
Para Eddy S., Sergio G., Fausto M., Rubén L., Xavier V., Segundo S., Mónica G. y Andrea F. se ordenó dentro de esta investigación por asociación ilícita la prohibición de salida del país, la presentación cada 15 días ante la autoridad competente, el uso del brazalete de seguridad. También se definió la prohibición de enajenar bienes inmuebles de todos los procesados, así como la retención de valores de los ocho investigados que tengan en el sistema financiero nacional.
El proceso de investigación contra los funcionarios municipales nacen de denuncias presentadas por transportistas de la provincia de Pichincha. Según la Fiscalía, «los funcionarios habrían solicitado dinero para otorgar permisos de operación de buses y taxis».
El fiscal Salazar manifestó que los movimientos de dinero que se investigan se habrían dado podrían llegar a los $ 80 millones.
Fuente: eluniverso.com
