La Cámara de Diputados rusa ha aprobado este jueves sendas leyes que castigan con multas la información ofensiva para los símbolos patrios y la difusión de fake news (noticias falsas) en Internet. La tramitación ha contado con el respaldo de 322 diputados, frente a 78 que votaron en contra. Los que se oponen a estas leyes subrayan que la tipificación de estas faltas es oscura y confusa, por lo que pueden servir de pretexto para atajar las críticas al poder.

Los textos aprobados por la Duma Estatal, nombre oficial de la Cámara baja rusa, además de imponer multas —que pueden superar los 20.000 euros— por lo que la fiscalía considere injurias o noticias falsas, contemplan también el bloqueo de las páginas web donde estas aparezcan si el operador no retira inmediatamente los textos impugnados al ser notificado.

Además, si las multas impuestas —que van desde 30.000 hasta 1,5 millones de rublos, es decir, de 430 a 21.600 euros, según la gravedad del contenido— no son pagadas en plazo, las autoridades judiciales podrán imponer penas de prisión menor, por ejemplo hasta 15 días en el caso de «desprecio grave» al Estado o las instituciones nacionales.

Aunque es la que inicia el proceso, la fiscalía deberá alertar al regulador de medios de comunicación (Roskomnadzor) de la infracción que haya encontrado, y será el supervisor el que notificará al infractor que debe retirar de inmediato la publicación correspondiente. El organismo regulador determinará el proveedor, y este solicitará al propietario del sitio web que borre el contenido.

Ahora solo queda que el texto sea visto, el 13 de marzo, por el Consejo de la Federación (la Cámara alta rusa) antes de pasar al Kremlin, donde el presidente del país, Vladímir Putin, deberá firmarlo para su promulgación.

El texto estipula que la fiscalía podrá pedir el bloqueo de las noticias falsas que puedan causar daños y hacer peligrar la vida de ciudadanos, dañar su salud o sus propiedades, alterar el orden público, entorpecer el funcionamiento de «instituciones de interés social», infraestructuras energéticas y de otro tipo; afectar al transporte público o a la actividad bancaria, es decir, todas aquellas instancias o actividades susceptibles de poner en riesgo la seguridad del país.

Para los detractores de la nueva ley, los posibles daños que puedan causar las noticias falsas son solo un pretexto para impedir las críticas a las instituciones del Estado, dado que, según los observadores, esas críticas van a seguir aumentando, al igual que el descontento de la población, lo que se ha reflejado en una fuerte caída del apoyo de los ciudadanos al Gobierno y al presidente ruso.

Amnistía Internacional considera que esta ley «agudiza aún más la situación relativa a la libertad de expresión en Rusia». Oleg Kozlovski, investigador de esta organización de defensa de los derechos humanos, considera que el objetivo real del documento aprobado es «aumentar el control, establecer la censura y endurecer las sanciones contra los críticos del poder».