El riesgo país del Ecuador llegó esta semana a su nivel más elevado en más de cuatro años, al colocarse en 1418 puntos.
El indicador ya se mantenía sensible a partir de las violentas protestas sociales y políticas de mediados de octubre, pero tras la negación de la ley de crecimiento económico, este indicador económico se disparó y ha continuado al alza.
Los picos más altos de riesgo país, desde 1999, se han dado por crisis económicas, declaratoria de moratoria de deuda, inestabilidades políticas e incluso desastres naturales.
En el año 2000, producto de la crisis financiera, y en medio de la dolarización se registraron 4712 puntos. Otro momento complejo fue cuando en el gobierno de Correa se declaró la moratoria. En ese momento se llegó a 4493 puntos.
Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, explicó que el riesgo país es una expresión de los mercados. Este indicador es sensible a los precios de los comodities (materias primas como petróleo o minerales), crisis políticas y económicas. El indicador mide la capacidad de cumplimiento de un país frente a sus obligaciones externas.
Pese a que el Gobierno optó por el envío de una nueva ley, ahora llamada de Simplicidad y Progresividad Tributaria, y a que el FMI ha anunciado que sigue trabajando con el Gobierno, ese indicador se ubicó el jueves en 1418 puntos. Para el cierre del viernes había bajado 99 puntos y estaba en 1319. De acuerdo con Pozo, los mercados ven con escepticismo el destino de la nueva ley.
Para Pozo, el denominador común de las alzas súbitas de riesgo país son la falta de estabilidad macroeconómica, pero además, en el caso ecuatoriano, hay una mala trayectoria por las usuales declaratorias de moratoria de la deuda externa. Los mercados no olvidan y castigan este tipo de conductas, dice.
El académico Santiago García coincide en que los mercados no vislumbran una buena situación macroeconómica que nos permita cumplir con las obligaciones. Para García, la situación actual es incluso más delicada que en épocas pasadas. Por ejemplo, cuando en 2008 hubo la declaratoria de moratoria, el peso de los bonos de mercados internacionales no era tan alto como ahora. Se conoce que Ecuador va a requerir unos $2000 o $3000 millones de deuda en 2020. Si el Ecuador buscara en este momento endeudarse vía mercados internacionales, la tasa sería prohibitiva: el 16 %.
Pero ¿qué se puede hacer para que el riesgo país del Ecuador mejore? Para Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Productividad (CIP), es hora de que Ecuador dé señales de gobernabilidad. Considera que la aprobación de la Ley de Sostenibilidad podría ser una señal positiva.
García, por su parte, dice que se debe llegar a acuerdos mínimos. “Ya no es un problema del Gobierno sino del país”.
Mientras, Pozo considera que si el país tuviera ahorros, los mercados no responderían tan mal frente a este tipo de problemas. La aprobación de la nueva propuesta tributaria del Gobierno e incluso el apoyo del FMI pueden ayudar a la baja, pero no son garantía, explica. Depende cómo vayan percibiendo los mercados el tema de la estabilidad futura.
Ley proyecta $1266 millones en dos años
El Gobierno Nacional espera recaudar $1266 millones adicionales entre los años 2020 y 2021. Así lo explicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ante la Comisión de Régimen Económico, el viernes pasado.
El funcionario hizo un desglose de los ingresos y sacrificios fiscales que representa la nueva Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, entregada con el carácter de económico urgente el jueves pasado. Así, en 2020 recaudaría $642,8 millones, pero habría un sacrificio fiscal de $23 millones, por lo que el neto será $619,5 millones.
En 2021 se recaudarían $739 millones, pero el sacrificio sería de $92 millones, para un neto de $647,2 millones.
¿Cuáles son los factores que alimentan esta nueva recaudación? En el 2020, la contribución de empresas que facturan más de $1 millón llegaría a $177,4 millones, mientras que $148 millones representarían un impuesto por dividendos.
En tercer lugar está el alza del ICE a 10 % de los planes personales de la telefonía celular que llegará a $100,3 millones. En cambio, en 2021 se espera recaudar una importante cantidad de tributos por la nueva forma de cálculo de la tarifa del impuesto a la renta para microempresarios y que sería del 2 % ($182,9 millones). Telefonía se mantiene en el mismo nivel del 2020.
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.
